¡Duro golpe a Kast! PDI revela la impactante e inesperada razón por la que es “imposible” expulsar a 6 mil venezolanos
PDI advierte dificultades para expulsar a miles de migrantes venezolanos y complica plan del Gobierno.
Un nuevo escenario complejo enfrenta el Ejecutivo en materia migratoria, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) reconociera obstáculos significativos para concretar expulsiones de ciudadanos venezolanos con orden vigente.
El tema fue abordado en la comisión de Gobierno del Senado, en medio del avance de un proyecto que busca endurecer las sanciones por ingreso irregular al país.
Obstáculo clave en las expulsiones
Durante la sesión, el prefecto de Migraciones de la PDI, Ernesto León, expuso las principales limitaciones que enfrenta la institución.
Según consignó , el funcionario explicó que existen barreras estructurales que impiden avanzar en los procesos de deportación, especialmente en el caso de ciudadanos venezolanos.
En ese contexto, afirmó: “No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, dando cuenta de la imposibilidad de ejecutar estas medidas en la práctica.
Miles de órdenes pendientes
De acuerdo con los antecedentes entregados, actualmente hay cerca de 6 mil órdenes de expulsión pendientes hacia Venezuela, lo que representa un desafío relevante para la política migratoria del Gobierno.
El problema se arrastra desde junio de 2025, cuando quedaron suspendidas las expulsiones hacia ese país, debido a la ausencia de coordinación diplomática.
Además, una parte importante de los extranjeros con orden de salida corresponde precisamente a ciudadanos venezolanos, lo que aumenta la presión sobre el sistema.
Costos y dificultades operativas
El escenario no solo está marcado por factores diplomáticos, sino también por el costo y la logística de cada procedimiento.
Cada expulsión puede implicar un gasto cercano a los $3 millones, lo que abre cuestionamientos sobre la viabilidad de implementar un plan masivo en esta materia.
Un ejemplo de estas dificultades quedó en evidencia en el primer vuelo de expulsión del actual gobierno, donde fueron trasladadas 40 personas —principalmente colombianos, bolivianos y ecuatorianos—, sin incluir ciudadanos venezolanos.
Debate legislativo en curso
Este escenario se da en paralelo al avance de una iniciativa legal que pretende tipificar como delito el ingreso irregular al país, propuesta que será votada en general en el Senado.
La discusión se desarrolla bajo presión política, considerando que el control migratorio fue una de las principales promesas de campaña del Ejecutivo.
Contexto migratorio actual
En Chile se estima la presencia de cerca de 300 mil personas en situación migratoria irregular, lo que complejiza aún más la implementación de medidas de control y expulsión.
El reconocimiento de estas limitaciones por parte de la PDI instala dudas sobre la factibilidad de cumplir con las metas planteadas por el Gobierno en esta materia, en un contexto donde el debate sigue abierto.
