Si los montos no son cobrados luego de tres años desde que los bancos confeccionaron la lista (cada 31 de enero), la institución financiera deberá entregar al fisco esos recursos, deducidos los gastos de publicación.
Si el dinero no es retirado a su debido tiempo —tres años desde se confecciona la lista por parte de las entidades financieras— será entregado al Estado.
