La Corte Suprema ordenó a Mega indemnizar y disculparse públicamente con Paulina de Allende-Salazar por despido injustificado.
Un importante triunfo obtuvo la periodista Paulina de Allende-Salazar luego de que la Corte Suprema confirmara que su despido de Mega fue injustificado. El máximo tribunal respaldó así la sentencia anterior, determinando que la señal vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso de desvinculación ocurrido en 2023.
La profesional, reconocida por su labor investigativa en Informe Especial, había llevado al canal del grupo Bethia a tribunales tras ser apartada por el uso de la palabra “paco” al referirse a un carabinero asesinado.
El fallo que ratifica la vulneración de derechos
Según publicó Ciper, la Corte Suprema no solo respaldó el fallo previo, sino que además apuntó a una infracción en materia de libertades y garantías laborales cometida por parte de la estación televisiva.
Disculpas públicas y medidas internas obligatorias
El tribunal instruyó que Mega deberá ofrecer disculpas públicas a la periodista como parte de la reparación. Asimismo, exigió la creación de un protocolo interno y capacitaciones dirigidas a los trabajadores en temas de derechos fundamentales del trabajo, libertad de expresión y ética periodística.
La indemnización que recibirá la periodista
De acuerdo con la información adelantada por el medio de investigación, el monto que Mega debería pagarle a Paulina de Allende-Salazar bordearía los $98 millones, cifra que incluye diversas compensaciones vinculadas al despido.
Un episodio que marcó a la industria televisiva
La controversia surgida tras la expresión utilizada por la periodista generó un intenso debate en 2023, tanto dentro como fuera de la industria. El fallo del máximo tribunal cierra un capítulo clave para la profesional y sienta un precedente relevante en materia de libertades laborales en medios de comunicación.
Con esta resolución, el caso pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el rol del periodismo, los límites editoriales y las garantías de los trabajadores frente a decisiones institucionales.