El CDE pidió hasta 37 años de cárcel para Cathy Barriga por presuntas irregularidades y millonario perjuicio fiscal durante su gestión municipal.
El proceso judicial contra Cathy Barriga dio un nuevo giro tras una acción presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que elevó de forma significativa las penas solicitadas en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión municipal.
CDE pide duras condenas contra Cathy Barriga
El Consejo de Defensa del Estado ingresó una acusación particular en contra de Cathy Barriga, solicitando penas que, en conjunto, alcanzan los 37 años de presidio.
La acción judicial fue presentada ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago y cuenta con la firma del procurador fiscal Marcelo Chandía, según información publicada por La Tercera.
Penas más altas que las solicitadas por la Fiscalía
A grandes rasgos, el requerimiento del CDE supera ampliamente lo planteado por el Ministerio Público, que a fines de 2025 había solicitado una condena total de 23 años de cárcel.
Desde el organismo estatal sostienen que la gravedad de los hechos amerita sanciones más severas, considerando la magnitud del daño fiscal y la forma en que, presuntamente, se administraron los recursos municipales.
El foco de la acusación: gestión sin control financiero
El libelo apunta directamente a la administración de Barriga entre 2016 y 2021, período en el que —según el CDE— existió una estructura interna destinada a evitar controles financieros efectivos.
De acuerdo con la acusación, esta forma de operar permitió realizar gastos sin respaldo suficiente y ejecutar modificaciones contables de manera reiterada.
No serían hechos aislados
El organismo descarta que se trate de situaciones puntuales. Por el contrario, sostiene que hubo una modalidad de gestión que liberó recursos de forma artificial para financiar programas, eventos y contrataciones, sin cumplir con los requisitos presupuestarios.
Millonario perjuicio fiscal bajo la lupa
Según el CDE, el daño al fisco ascendería a $32.884 millones, monto asociado a una sobre ejecución del gasto, ocultamiento de obligaciones financieras y uso irregular de certificados presupuestarios.
Entre los gastos observados figuran la realización de eventos masivos, campañas comunicacionales y pagos a proveedores que no contaban con financiamiento disponible al momento de su ejecución.
Próximo paso: preparación del juicio oral
La investigación ya fue cerrada y el tribunal fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el 2 de febrero de 2026. En esa instancia se definirán las pruebas que serán admitidas y se precisarán las acusaciones que llegarán al juicio.
El avance del caso mantiene alta expectación, considerando la magnitud de las penas solicitadas y el volumen de recursos públicos involucrados.