“Favorece la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad”: La denuncia que vuelve a remecer el caso Julia Chuñil
Familia de Julia Chuñil cuestiona a Fiscalía por fallas investigativas y pérdida de pruebas clave en el caso de la dirigente mapuche.
Indignación y frustración marcó a la familia de Julia Chuñil, dirigenta mapuche desaparecida en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, luego de conocer una serie de errores y omisiones reconocidas por la propia Fiscalía Regional de Los Ríos.
La situación quedó al descubierto tras la primera reunión formal entre los fiscales a cargo de la causa y los cercanos de Chuñil, quienes fueron representados por la abogada Karina Riquelme.
Pruebas clave que nunca se resguardaron
Uno de los puntos más sensibles dice relación con la pérdida de registros audiovisuales que podrían haber sido determinantes para la investigación.
Cámaras de Forestal Arauco fuera de alcance
Según se informó, la Fiscalía no logró acceder a grabaciones de cámaras de seguridad pertenecientes a Forestal Arauco, empresa dueña de un predio colindante al lugar donde Julia Chuñil fue vista por última vez.
Los registros fueron eliminados debido a que el Ministerio Público tardó más de seis meses en solicitarlos, plazo tras el cual las imágenes dejaron de estar disponibles, de acuerdo con lo informado por la propia compañía.
Esta situación contrasta con lo solicitado por la familia desde el inicio. En la querella ingresada el 8 de diciembre de 2024 por la ONG Escazú Ahora, se pidió expresamente a la Fiscalía “revisar el perímetro en miras de cámaras u otros dispositivos de registro audiovisual, ubicando el lugar de posición; individualizar el dispositivo y confiscar el contenido”. Sin embargo, dicha diligencia nunca se realizó.
Audios entregados y nunca revisados
Otro antecedente que causó profundo malestar fue el reconocimiento de los fiscales Alejandro Ríos y Claudia Baeza de no haber escuchado audios clave incorporados a la carpeta investigativa.
Registros apuntan a presiones y amenazas
Las grabaciones contienen conversaciones en las que el empresario Juan Carlos Morstadt habría instado a la familia Chuñil a abandonar el terreno en disputa, ofreciendo pagos irregulares y advirtiendo posibles acciones legales.
Las transcripciones fueron entregadas en enero de 2025 por Escazú Ahora mediante el sistema SIAU y quedaron oficialmente incorporadas al expediente. Pese a ello, los persecutores admitieron desconocer su contenido.
Silencio del principal sospechoso
En paralelo, se confirmó que Juan Carlos Morstadt fue citado a declarar, pero decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio, pese a que desde un inicio la familia lo ha señalado como el principal sospechoso en la desaparición de la dirigente mapuche.
Ausencias y líneas investigativas cuestionadas
La molestia de la familia aumentó al constatar que la fiscal regional Tatiana Esquivel, quien lidera parte relevante del caso, no asistió a la reunión ni envió representación.
A esto se suma la persistencia de una hipótesis que apunta a integrantes del entorno familiar, basada en restos de sangre encontrados en la vivienda de Julia Chuñil. No obstante, peritajes posteriores descartaron que se tratara de sangre humana, sin que la Fiscalía haya explicado por qué esa línea sigue abierta ni cómo se integraron nuevos antecedentes.
“Un patrón que favorece la impunidad”
La abogada Karina Riquelme fue enfática al evaluar el escenario. A su juicio, la suma de omisiones detectadas configura un patrón que “favorece la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad”.
Desde la familia Chuñil exigieron acciones inmediatas para corregir las fallas detectadas, revisar exhaustivamente todas las pruebas disponibles y avanzar en la investigación con un estándar acorde a la gravedad del caso y al impacto que ha tenido en la comunidad.