Un informe de alto impacto encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en Chile. La Contraloría General de la República detectó un severo desorden financiero que compromete más de US$17.300 millones en organismos del Estado durante los últimos cinco años, revelando fallas profundas en control y rendición de cuentas.

Una revisión que dejó cifras preocupantes

El diagnóstico surge tras analizar los estados financieros de 73 entidades públicas, entre ministerios del Gobierno Central y municipalidades, de acuerdo con lo consignado por El Mercurio.

Según el reporte, una parte sustancial de esos recursos fue objetada por “abstenciones de opinión”, una figura que se aplica cuando la Contraloría no puede validar la información entregada debido a errores graves, inconsistencias contables o la ausencia de antecedentes suficientes.

Dónde se concentran las mayores observaciones

Gobierno Central y municipios bajo la lupa

Del total de organismos revisados, 50 pertenecen al Gobierno Central y 23 corresponden a municipalidades. Las observaciones más relevantes se concentran en áreas sensibles como:

• Transferencias de recursos

• Cuentas por cobrar

• Activos no acreditados

• Deudas sin respaldo

• Gastos sin documentación contable adecuada

Estas falencias impiden tener claridad sobre el uso y destino final de fondos públicos.

Rendiciones fuera de plazo y sin respaldo

El informe subraya que uno de los problemas más reiterados es la deficiente rendición de cuentas, con montos significativos que no han sido justificados dentro de los plazos legales. Esta situación dificulta verificar cómo y en qué se utilizaron los recursos, abriendo flancos a eventuales irregularidades.

Fallas estructurales en el control interno

La Contraloría también advirtió problemas de fondo en los sistemas de control interno de varias instituciones. Entre ellos, destacan:

• Registros contables incompletos

• Conciliaciones bancarias pendientes

• Uso inadecuado de plataformas financieras

Estas debilidades elevan el riesgo de errores y complican la detección oportuna de eventuales malas prácticas.

Casos derivados a la justicia

En al menos cinco situaciones, el organismo fiscalizador resolvió **remitir los antecedentes al Ministerio Público****, al identificar hechos que podrían tener carácter penal. Esto abre la puerta a investigaciones judiciales para determinar eventuales responsabilidades.

Un golpe a la confianza ciudadana

Más allá de las cifras, el informe advierte que estas deficiencias afectan directamente la transparencia del Estado y erosionan la confianza de la ciudadanía en la administración pública. Además, dificultan la toma de decisiones informadas en políticas públicas, al basarse en información financiera incompleta o poco confiable.

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El llamado implícito del organismo fiscalizador es claro: fortalecer los controles, mejorar la rendición de cuentas y corregir las fallas estructurales para resguardar adecuadamente los recursos del país.