La senadora Camila Flores enfrenta un complejo escenario judicial luego de que se conocieran antecedentes sobre un eventual mecanismo de cobros indebidos a integrantes de su equipo, situación que está siendo revisada por el Consejo de Defensa del Estado.

El organismo confirmó que se encuentra evaluando los antecedentes remitidos por el Ministerio Público, lo que podría derivar en acciones legales si se acreditan eventuales ilícitos.

Revisión de antecedentes y coordinación con Fiscalía

El caso se encuentra actualmente en fase de análisis por parte del CDE, entidad que ya inició coordinaciones con los fiscales encargados de la investigación.

Evaluación de una eventual querella

Según consignó ADN Radio, la institución estudia la información recopilada para determinar si corresponde presentar una querella contra la parlamentaria.

La indagatoria se activó tras recibir los antecedentes levantados por el Ministerio Público, los cuales apuntan a posibles irregularidades durante su periodo como diputada.

Denuncia anónima dio origen al caso

El inicio de la investigación se remonta a una denuncia difundida por T13, donde se expone un supuesto sistema de retención de dineros provenientes de asignaciones parlamentarias.

Presunto mecanismo de cobros en efectivo

De acuerdo con el documento, se investiga un esquema en el que asesores habrían tenido que entregar parte de sus remuneraciones a la entonces diputada, práctica que se habría extendido entre 2018 y 2025.

En la denuncia se detalla que: “Desde aproximadamente el año 2018, la diputada Camila Flores Oporto habría implementado un mecanismo sistemático y reiterado para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias”.

Asimismo, se agrega que: “Este mecanismo —al que incluso los propios trabajadores del Congreso han denominado informalmente como ‘la cuota Flores’— consiste en lo siguiente: a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo. Ella no deposita esos recursos en su cuenta, sino que con ellos paga —también en efectivo— gastos de orden personal”.

Testimonios y evidencia en revisión

Dentro de los antecedentes, también se mencionan posibles roles específicos en la ejecución de este sistema.

Recolección de dinero y mensajes filtrados

Según la denuncia, Yolanda Olfos, quien se desempeña como secretaria de la parlamentaria desde 2018, habría tenido la tarea de reunir los montos en efectivo.

Además, se han dado a conocer mensajes de WhatsApp que, según se indica, darían cuenta de cómo operaría este supuesto mecanismo.

Uno de los casos mencionados corresponde a Julio Alejandro Lillo, quien habría sido contratado por $2.640.939 mensuales, pero debía entregar $1.800.000 en efectivo.

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Posibles consecuencias judiciales

Con estos antecedentes sobre la mesa, el Consejo de Defensa del Estado mantiene en evaluación los pasos a seguir, mientras la investigación continúa en desarrollo.

El avance de la causa será clave para determinar eventuales responsabilidades y definir si se concretan acciones legales en contra de la senadora.