Un dramático escenario judicial envuelve el caso de la menor de dos años que perdió la vida tras precipitarse desde el undécimo piso de un edificio habitacional en la comuna de Las Condes. Durante la reciente audiencia de formalización contra su progenitor, la Fiscalía Metropolitana Oriente expuso crudos antecedentes sobre las horas previas a la tragedia, apuntando a una serie de irresponsabilidades que habrían desencadenado el fatal desenlace dominical.

Noche de fiesta y una siesta fatal

El representante del Ministerio Público, el fiscal de flagrancia Jorge Reyes, detalló ante el estrado que el sujeto poseía un régimen de visitas sumamente restrictivo, el cual le permitía estar con su hija únicamente un domingo al mes. Pese a ello, el día de los hechos, el individuo llegó con retraso a buscar a la pequeña al domicilio materno, consecuencia directa de una intensa jornada de celebraciones previas.

Según expuso el fiscal Reyes, la noche del sábado el imputado festejó el cumpleaños de su actual novia en el quincho del mismo condominio. Tras permanecer en las áreas comunes hasta cerca de la una de la madrugada, el persecutor afirmó que el hombre, “solo, sin su pareja, se fue a una discoteque cercana, volviendo alrededor de las 5:00 de la mañana”.

La seguidilla de excesos no terminó ahí. El investigador de la Fiscalía agregó un dato clave sobre lo ocurrido posteriormente durante la jornada dominical: “Y no solo eso, sino que, está acreditado a través de testimonios, que bebió alcohol a la hora de almuerzo. Esto hizo que el imputado durmiera una siesta extensa, perdiendo el cuidado y protección de la menor”.

Este profundo letargo provocó que, a eso de las cinco de la tarde, la víctima se aproximara a una ventana ubicada a un costado de la cama, cayendo irremediablemente al vacío. El padre recién se enteró de la tragedia cuarenta minutos después del accidente, mientras que los resultados precisos de su alcoholemia todavía se encuentran pendientes.

El revés del Ministerio Público en tribunales

Durante la formalización, el ente persecutor imputó al hombre por el delito de homicidio por omisión, exigiendo la medida cautelar más gravosa del sistema: la prisión preventiva. La Fiscalía Metropolitana Oriente argumentó que existió dolo en el actuar del sujeto, no solo por su comportamiento desaprensivo, sino porque incumplió una orden expresa de la justicia que le obligaba a instalar mallas protectoras en los ventanales para poder ejercer su derecho a visita.

No obstante, el Cuarto Juzgado de Garantía tuvo una visión diametralmente distinta y desestimó la solicitud de cárcel. Para el tribunal, la conducta del progenitor se enmarca más bien en un actuar “negligente”, por lo que decidió recalificar los cargos hacia un cuasidelito de homicidio, figura penal que arriesga un castigo considerablemente menor.

Futuro judicial en manos de la Corte

Frente a esta recalificación de los hechos, el juzgado de primera instancia instruyó que el acusado quedara en libertad, sujeto solamente a arraigo nacional y firma periódica.

Como era de esperarse, la Fiscalía apeló verbalmente en la misma sala, por lo que la resolución final recaerá en la Corte de Apelaciones. Será el tribunal de alzada el encargado de definir si el hombre debe cumplir o no encierro preventivo. Mientras esa determinación se concreta, el imputado permanecerá bajo la figura legal de detenido en tránsito.