La Ley de Escuelas Protegidas fue despachada este martes por el Congreso, pero su aprobación abrió de inmediato un nuevo flanco político: parlamentarios de oposición anunciaron reservas de constitucionalidad y anticiparon que podrían acudir al Tribunal Constitucional.

La iniciativa superó su última instancia legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fue respaldada en tres votaciones distintas.

De acuerdo con los antecedentes del debate, la primera votación terminó con 105 apoyos, mientras que la segunda alcanzó 119 sufragios favorables. En la tercera, el proyecto volvió a reunir 105 votos a favor.

Con ello, el Gobierno logró sacar adelante una de sus apuestas en materia educacional y seguridad escolar, enfocada en entregar nuevas herramientas a los establecimientos frente a hechos de violencia.

Oficialismo valoró la luz verde al proyecto

Desde el Ejecutivo celebraron el avance de la propuesta, destacando que la medida busca reforzar la protección de las comunidades educativas.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que el Congreso comprendió la necesidad de avanzar con rapidez en esta materia.

“Se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas a los establecimientos educativos, así como también dar señales claras de que la violencia y los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo”, destacó.

Oposición anticipa ofensiva ante el Tribunal Constitucional

Pese a la aprobación, la oposición manifestó reparos y anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para cuestionar aspectos del proyecto.

En ese contexto, parlamentarios opositores presentaron tres reservas de constitucionalidad durante la tramitación.

El diputado PS Juan Santana explicó que la aprobación de una norma no asegura necesariamente su implementación sin cuestionamientos posteriores.

“Hay una diferencia entre presentar un proyecto de ley, aprobarlo, y que posteriormente esta ley se implemente, y es por eso que junto a parlamentarios y parlamentarias de la oposición hemos anunciado reserva de constitucionalidad en normas que son parte del proyecto escuelas protegidas”, señaló.

César Valenzuela cuestionó el fondo de la propuesta

También desde el Partido Socialista, el diputado César Valenzuela criticó duramente la iniciativa y sostuvo que no aborda las causas de fondo de la violencia escolar.

“el proyecto de escuelas protegidas es un mal proyecto, en primer término, porque no resuelve los problemas de violencia que hay en el interior de los establecimientos educacionales. En segundo término, porque delega a las comunidades educativas la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad”, afirmó.

Sus palabras reflejan uno de los principales cuestionamientos opositores: que la norma podría trasladar responsabilidades de seguridad a los propios colegios, sin resolver problemas estructurales.

El punto que podría complicar la implementación

La discusión ahora se trasladará al eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional, donde la oposición buscaría impugnar normas específicas del proyecto.

Ese paso podría abrir un nuevo periodo de incertidumbre sobre la implementación de la Ley de Escuelas Protegidas, pese a que ya fue despachada por el Congreso.

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Gobierno defiende urgencia de la medida

Para el Ejecutivo, la ley representa una respuesta necesaria frente a episodios de violencia y delitos ocurridos en contextos escolares.

Sin embargo, desde la oposición insisten en que la discusión debe incorporar elementos como salud mental, convivencia escolar, prevención y apoyo a las comunidades educativas.

De esta forma, la Ley de Escuelas Protegidas queda aprobada, pero no necesariamente libre de obstáculos. El eventual camino al Tribunal Constitucional podría convertirse en el próximo capítulo de una disputa política y jurídica que sigue abierta.