Contraloría acorrala a quince alcaldes chilenos: esta es la polémica lista de los que arriesgan perder su cargo
Contraloría dio plazo a 15 alcaldes para regularizar sus DIP o arriesgar multas y destitución.
Contraloría apercibió a 15 alcaldes de distintas regiones del país por no actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio, un trámite obligatorio que busca transparentar bienes, actividades económicas e intereses de las autoridades públicas.
Contraloría dio 10 días hábiles para regularizar las declaraciones
La Contraloría General de la República detectó los incumplimientos en el marco de sus procesos habituales de revisión y control sobre las declaraciones que deben presentar autoridades y funcionarios públicos.
El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 10 días hábiles para que los jefes comunales regularicen su situación y entreguen la actualización correspondiente de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio, conocidas como DIP.
La advertencia comenzó a regir el pasado 27 de mayo y, si no hay respuesta dentro del periodo establecido, se podrían iniciar procedimientos sancionatorios formales contra las autoridades involucradas.
Qué sanciones arriesgan los alcaldes
De acuerdo con la normativa vigente, quienes no cumplan con la obligación de presentar o actualizar su DIP se exponen a multas que van desde 5 hasta 50 UTM.
Según la estimación incluida en la nota base, esos montos equivalen aproximadamente a cifras entre $357.530 y $3.575.300.
Pero la sanción podría escalar si el incumplimiento se mantiene. La ley establece que, si pasan cuatro meses desde la aplicación de la multa inicial y la autoridad no regulariza su declaración, incluso podría arriesgar la destitución del cargo.
La lista de alcaldes apercibidos por Contraloría
Según informó la Contraloría, las autoridades notificadas corresponden a comunas de distintas zonas del país.
Entre los alcaldes apercibidos figuran Orlando Vargas, de Arica, en la Región de Arica y Parinacota; Adriana Rivera, de Sierra Gorda, en Antofagasta; Carlos Correa, de Empedrado, en el Maule; Rabindranath Acuña, de San Rosendo, en el Biobío; Jaime Vásquez, de Lota, también en el Biobío; y Felix Vita, de Alto Biobío.
También aparecen Alejandro Cuminao, de Melipeuco; Víctor González, de Los Sauces; y Guillermo Martínez, de Toltén, todos de la Región de La Araucanía.
A ellos se suman Roberto Pérez, de San José de Maipo, en la Región Metropolitana; Juan Galdames, de Rinconada; Fernando Rodríguez, de Santo Domingo; y Rolando Silva, de Quintero, en la Región de Valparaíso.
La nómina se completa con Emilio González, de Los Muermos, en la Región de Los Lagos, y Patricio Fernández, de Cabo de Hornos, en la Región de Magallanes.
Qué es la Declaración de Intereses y Patrimonio
La Declaración de Intereses y Patrimonio es una obligación establecida en la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
A través de este documento, las autoridades deben informar periódicamente sus bienes, sociedades, actividades económicas e intereses, con el objetivo de prevenir eventuales conflictos entre su patrimonio y el ejercicio de sus funciones públicas.
Este mecanismo permite fortalecer la transparencia y entregar mayores herramientas de fiscalización sobre quienes ocupan cargos de responsabilidad.
Por qué este trámite es clave para la probidad municipal
En el caso de los alcaldes, la actualización de la DIP cobra especial relevancia porque las autoridades comunales administran recursos públicos, toman decisiones administrativas y lideran procesos que impactan directamente en sus territorios.
Por eso, Contraloría mantiene procesos de revisión destinados a verificar que las declaraciones se encuentren al día y cumplan con lo exigido por la ley.
Qué viene ahora para los alcaldes notificados
Los 15 alcaldes apercibidos deberán regularizar sus antecedentes dentro del plazo fijado por el organismo fiscalizador.
Si no lo hacen, la Contraloría podrá activar los procedimientos sancionatorios establecidos en la normativa, con multas económicas y, en casos de incumplimiento persistente, la eventual destitución.
De esta forma, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia patrimonial y el cumplimiento estricto de las normas de probidad en el mundo municipal.
