Contraloría acorrala a quince alcaldes del país por ocultar su patrimonio: esta es la impactante sanción que arriesgarán
Contraloría dio plazo a 15 alcaldes para regularizar su patrimonio o enfrentar duras sanciones.
Contraloría apercibió a 15 alcaldes de distintas regiones del país por no presentar la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio, trámite exigido por ley para resguardar la transparencia y la probidad en la función pública.
Contraloría da plazo a alcaldes para regularizar situación
La advertencia fue emitida el pasado 27 de mayo, en medio del proceso de revisión que realiza la Contraloría General de la República sobre las declaraciones que deben mantener actualizadas las autoridades públicas.
A través de oficios enviados a las jefaturas comunales involucradas, el organismo fiscalizador otorgó un plazo de 10 días hábiles para que regularicen su situación y remitan sus respectivas Declaraciones de Intereses y Patrimonio.
El trámite, conocido como DIP, permite transparentar información sobre bienes, intereses y eventuales vínculos que podrían generar conflictos en el ejercicio de cargos públicos.
Qué pasa si no cumplen dentro del plazo
Desde el ente contralor advirtieron que, si una vez vencido el plazo persiste el incumplimiento, se iniciarán procedimientos sancionatorios conforme a la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
Dicha normativa establece obligaciones para autoridades y funcionarios respecto de la presentación y actualización de sus declaraciones patrimoniales.
En este caso, los alcaldes apercibidos deberán cumplir con el requerimiento para evitar que el proceso avance hacia una etapa sancionatoria.
Las sanciones que podrían enfrentar los alcaldes
Las autoridades que no acaten el apercibimiento de Contraloría se exponen a multas que van desde 5 hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales, conocidas como UTM.
Pero esa no es la única consecuencia posible. La normativa también contempla un escenario más grave si el incumplimiento se mantiene en el tiempo.
Si transcurren cuatro meses desde la aplicación de la sanción inicial y la autoridad sigue sin regularizar su situación, podría incluso enfrentar la destitución del cargo.
Por qué la DIP es obligatoria
La Declaración de Intereses y Patrimonio es una herramienta clave para prevenir conflictos de interés y fortalecer el control ciudadano sobre quienes ejercen funciones públicas.
En el caso de los alcaldes, la obligación cobra especial relevancia debido a que administran recursos municipales, firman actos administrativos y toman decisiones que impactan directamente en sus comunas.
Por eso, la actualización de estos antecedentes no es un trámite opcional, sino una exigencia legal vinculada a la probidad pública.
Las comunas cuyos alcaldes fueron apercibidos
Los alcaldes apercibidos por Contraloría corresponden a comunas ubicadas en distintas zonas del país.
Entre ellas se encuentran San Rosendo, en la región del Biobío; Empedrado, en la región del Maule; Melipeuco, Los Sauces y Toltén, en La Araucanía; además de Cabo de Hornos, en Magallanes.
También figuran Rinconada, Santo Domingo y Quintero, en Valparaíso; Los Muermos, en Los Lagos; San José de Maipo, en la Región Metropolitana; Sierra Gorda, en Antofagasta; Arica, en Arica y Parinacota; Lota y Alto Bío Bío, en la región del Biobío.
Contraloría refuerza fiscalización por probidad
La acción se enmarca dentro de las facultades de fiscalización que posee la Contraloría para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las autoridades públicas.
Con este apercibimiento, el organismo busca que las jefaturas comunales regularicen sus antecedentes dentro del plazo establecido y eviten sanciones mayores.
Por ahora, los 15 alcaldes notificados tienen 10 días hábiles para responder al requerimiento y actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio antes de que se inicien eventuales procedimientos sancionatorios.
