El Presidente José Antonio Kast abordó este lunes el debate por los indultos presidenciales, luego de que su ministro de Justicia revelara que existen más de 100 solicitudes pendientes, la mayoría vinculadas a condenados por hechos ocurridos tras el golpe de Estado de 1973. Su mensaje: se revisarán caso a caso, sin regla general, y con una premisa humanitaria sobre la mesa: “no corresponde que una persona muera en la cárcel”.

El tema estalla a solo tres días de la conmemoración de los 53 años del golpe y con presiones de ambos lados: partidos oficialistas que impulsan un indulto general por ley y agrupaciones de familiares de víctimas que advierten contra lo que llaman impunidad.

“No corresponde que una persona muera en la cárcel”: lo que dijo Kast

En conversación con “La Mañana de Agricultura”, el Mandatario sostuvo que cada petición debe resolverse sobre sus propios antecedentes: “Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes”, afirmó.

Kast subrayó que ejercer la facultad no significa intervenir los fallos: “Uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada”, explicó.

Consultado por los presos con enfermedades terminales —uno de los puntos más sensibles del debate—, fue más allá: “Esto lo han señalado distintos juristas, de distintas tendencias, que no corresponde que una persona muera en la cárcel”, planteó.

Y ante la pregunta directa por Miguel Krassnoff, el exagente de la DINA que acumula condenas por más de mil años, evitó adelantar una decisión: “Esto se resuelve caso a caso, viendo las situaciones de las personas”, insistió.

Sobre el proyecto de indulto general que anunciaron Republicanos y el Partido Nacional Libertario, Kast marcó distancia sin cerrar la puerta: “Todo sigue en la misma línea, más allá del legítimo derecho de cualquier partido político parlamentario de solicitar una ley de indulto general”, indicó.

Más de 100 solicitudes: la cifra que encendió el debate

El domingo, en Mesa Central, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó el número que reactivó el tema: “Las solicitudes son bastantes, son más de cien hoy día”, y precisó que “son mayoritariamente de hechos ocurridos en 1973”, mientras que las vinculadas al estallido social son “muy pocas”.

El dato clave del proceso: esas carpetas aún están en el Ministerio de Justicia y no han sido revisadas por el Presidente. “Vamos a respetar el caso a caso y, sobre la base de los antecedentes que nos arrojen las carpetas administrativas, se emitirá un pronunciamiento de acuerdo a la convicción que alcancemos”, explicó Rabat.

La cifra, además, viene en ascenso: en abril el propio ministro informaba al Senado 28 solicitudes pendientes; en junio la cuenta superaba las 40; y hoy ya pasa del centenar.

Cómo funciona el indulto en Chile: particular vs. general

El indulto particular es una atribución especial del Presidente, consagrada en el artículo 32 N°14 de la Constitución Política, que permite otorgarlo “en los casos y formas que determine la ley”, siempre que exista sentencia ejecutoriada. El trámite, regulado por el Reglamento de Indultos Particulares, comienza ante el alcaide del penal, pasa por Gendarmería con informe del tribunal de conducta y termina en el Ministerio de Justicia, que eleva los antecedentes a La Moneda.

Como subrayó Kast, el indulto no borra la condena ni modifica el fallo: conmuta o extingue la pena.

El indulto general, en cambio, requiere una ley aprobada con quórum calificado —e incluso de dos tercios si apunta a delitos terroristas— y con una particularidad relevante para el proyecto de Republicanos y PNL: las leyes de amnistía e indulto general solo pueden tener origen en el Senado.

El contexto: 53 años del golpe y presiones de ambos lados

El debate se reactiva en una fecha cargada de simbolismo. El jueves 11 de septiembre, al cumplirse 53 años del golpe, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de todo Chile emitieron una declaración nacional en la que acusaron “retrocesos” en derechos humanos y cuestionaron de plano la eventual concesión de indultos a condenados por violaciones a los DD.HH.

El documento recuerda que aún no aparecen 1.092 personas detenidas desaparecidas y 377 ejecutados políticos, y critica directamente al ministro Rabat: “Jamás nos ha recibido ni escuchado, a pesar de las reiteradas peticiones de audiencia”, sostienen las organizaciones.

En la vereda opuesta, Republicanos y el PNL —cuyo líder, Johannes Kaiser, prometió en campaña “cerrar el capítulo”— preparan la moción de indulto general que beneficiaría a los internos de Punta Peuco, donde hoy hay 139 exuniformados de entre 60 y 94 años. Paralelamente, en el Congreso ya se tramita un proyecto de conmutación de penas que podría alcanzar a ese mismo grupo —ante el cual el Gobierno no ha fijado postura— y, en sentido contrario, una reforma constitucional para eliminar por completo la facultad presidencial de otorgar indultos particulares.