Una nueva controversia por contrataciones en el aparato público sacude al Gobierno: la Dirección Nacional del Servicio Civil, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene desde marzo a la activista venezolana Lucy Depablos como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, un cargo a contrata por el que ha percibido remuneraciones de hasta $5.674.752 brutos mensuales, pese a que en su registro no consta un título de periodista.

El caso, difundido inicialmente por el medio Contrapoder y luego verificado en los registros oficiales, se suma a una seguidilla de cuestionamientos por sueldos millonarios a jóvenes sin experiencia en el Estado. Hasta el cierre de esta edición, ni el Servicio Civil ni el Ministerio de Hacienda han entregado una versión oficial sobre los criterios de su contratación.

¿Qué dicen los registros de Transparencia?

Según consta en el Portal de Transparencia, Depablos ingresó a la repartición en marzo de 2026, bajo la modalidad de personal a contrata. Sus liquidaciones muestran pagos que fluctúan entre los $2.261.097 —lo percibido en meses como mayo y julio— y los $5.674.752 brutos registrados en junio, su mes de mayores ingresos.

Esa variación es uno de los puntos que exige una explicación del organismo: en casos anteriores de esta misma seguidilla, los pagos elevados en un mes correspondieron a remuneraciones acumuladas de periodos impagos y no a un sueldo mensual, algo que solo el Servicio Civil puede confirmar o descartar.

El otro foco de cuestionamiento es su formación. En el apartado “Calificación profesional o formación” de su ficha solo se consigna: “Más de 5 años de experiencia en comunicaciones institucionales, comunicación estratégica y gestión de contenidos en el ámbito municipal”. El registro no consigna un título profesional del área.

En su perfil de LinkedIn, Depablos declara un título de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Táchira (Venezuela), una certificación en Marketing Digital (2019-2020) y estudios de Ingeniería en Administración de Empresas en la Universidad San Sebastián, cursados entre 2024 y 2026.

¿Se necesita ser periodista para ese cargo?

Aquí es donde conviene precisar el alcance del debate. En Chile no existe una norma que exija el título de periodista para ejercer jefaturas de comunicaciones en servicios públicos: los requisitos de cada plaza a contrata los define el propio organismo en su dotación.

Según el Estatuto Administrativo (Ley 18.834), los empleos a contrata son de carácter transitorio, se consultan en la dotación de cada servicio y vencen a más tardar el 31 de diciembre de cada año. Su provisión no exige concurso público, a diferencia de los cargos de planta del sistema de Alta Dirección Pública.

En otras palabras: el cuestionamiento no apunta a una ilegalidad evidente —que en todo caso deberán determinar los órganos de control—, sino a los criterios de mérito y a la discrecionalidad con que se están llenando estas plazas. Tampoco la nacionalidad de Depablos es un impedimento legal para trabajar en la administración pública.

El área que lidera, eso sí, no es menor: según el organigrama del propio Servicio Civil, la jefatura de Comunicaciones y Participación Ciudadana asesora directamente al Director Nacional y al Consejo de Alta Dirección Pública, el organismo que vela por la meritocracia en el Estado.

¿Quién es Lucy Depablos?

En sus redes sociales —ahora en privado— Depablos se define como “joven conservadora” y presidenta de la Fundación LIP, organización que busca “potenciar liderazgos jóvenes que deseen interactuar con el mundo en una sociedad internacional que respeta y valora cada nación”. La fundación la presenta como “politóloga y analista política” y colaboradora de un libro publicado por el Centro de Derechos Fundamentales de Hungría.

Su notoriedad pública partió en 2022, cuando fue vocera de organizaciones de migrantes por el Rechazo en el plebiscito constitucional. También ejerció como vicepresidenta de Asuntos Internacionales de las juventudes de la UDI y en 2023 apareció junto a la entonces convencional Carolina Navarrete —hoy seremi de Vivienda del Ñuble— en la directiva de su fundación.

Los partidos, sin embargo, marcaron distancia: la UDI precisó que Depablos dejó de participar en la colectividad entre 2023 y 2024 y que no es militante, aunque reconoció su paso por “instancias pasadas de la juventud”. Desde el Partido Republicano, en cuyas campañas aparece en registros fotográficos junto a candidatos, informaron que “no figura en el padrón de militantes” y que “la existencia de este tipo de registros, por sí sola, no supone ni acredita un vínculo partidario”.

En el mundo municipal, su trayectoria incluye la jefatura de comunicaciones de la Corporación de Deportes de La Reina y la asesoría política del concejal de Peñalolén Sebastián Villouta. Sobre su paso por Lo Barnechea hay dos versiones: mientras el reportaje original la presentó como asesora del exalcalde Felipe Alessandri, desde su entorno lo desmintieron y precisaron que trabajó unos meses para la entonces concejala Carmen Mc Intyre.

Una seguidilla que acumula cuatro casos

El de Depablos es el cuarto episodio reciente de contrataciones cuestionadas en el Gobierno. Antes se conocieron los de Sofía Pumpin, periodista recién titulada incorporada al Ministerio del Interior con un sueldo sobre los $2 millones; Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo contratado para las redes del ministro Claudio Alvarado; y el llamado “caso Court”, cuyo pago de $3,7 millones en un mes La Moneda explicó como una remuneración acumulada de tres meses.

Consultada por los medios que revelaron el caso, Lucy Depablos tampoco ha entregado respuesta sobre su remuneración, su formación ni su trayectoria política.