“Nosotros tuvimos víctimas fatales”: gobernador de Coquimbo lanza fuerte reclamo tras rápida reacción del gobierno en Las Condes
Cristóbal Juliá cuestionó la respuesta del Gobierno ante el aluvión en Las Condes y recordó la emergencia de Coquimbo.
Cristóbal Juliá, gobernador regional de Coquimbo, cuestionó la velocidad con que el Gobierno respondió al aluvión que afectó a Las Condes. La autoridad comparó esa reacción con las inundaciones que golpearon a su región en julio y planteó un reclamo por las diferencias en el tratamiento de las emergencias.
El gobernador, independiente cercano a Chile Vamos, realizó sus declaraciones después de que el Ejecutivo anunciara medidas extraordinarias para enfrentar los daños en el sector oriente de Santiago.
Su intervención volvió a instalar una discusión sobre el centralismo y los criterios utilizados para entregar apoyo estatal cuando ocurren desastres naturales fuera de la capital.
Cristóbal Juliá cuestiona la rapidez del Gobierno en Las Condes
La controversia surgió después de que el Presidente José Antonio Kast instruyera declarar zona de catástrofe en Las Condes durante el jueves 8 de octubre.
La decisión se conoció pocas horas después del aluvión que arrastró vehículos, inundó viviendas y provocó daños en establecimientos educacionales y centros asistenciales.
Sin embargo, la rapidez de la medida llamó la atención del gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, quien recordó las dificultades que enfrentaron durante las inundaciones de julio.
En una entrevista con Mi Radio, el gobernador manifestó que le “llamó mucho la atención” la diferencia entre ambos episodios.
La autoridad sostuvo que, mientras en Santiago la decisión llegó rápidamente, su región debió insistir durante varios días para conseguir una respuesta equivalente.
Sus cuestionamientos no apuntaron a que Las Condes recibiera ayuda, sino a la diferencia de tiempos que, según planteó, existe entre distintas zonas del país.
El duro recuerdo de Cristóbal Juliá sobre la emergencia en Coquimbo
El gobernador recordó que durante julio su región enfrentó intensas precipitaciones, inundaciones y activaciones de quebradas que provocaron graves consecuencias.
Según explicó, varias autoridades solicitaron que el Gobierno adoptara medidas extraordinarias para enfrentar la situación.
Entre ellas mencionó a la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quien también pidió acelerar la respuesta institucional.
“Levantamos la voz de que necesitábamos se declarara lo antes posible Zona de Catástrofe y no pasó en varios días. Nosotros tuvimos víctimas fatales”, manifestó Juliá.
El reclamo hace referencia al temporal que comenzó a afectar a la zona norte y centro del país durante la segunda semana de julio.
Las precipitaciones se intensificaron desde el martes 14, mientras que durante la noche del jueves 16 se registraron nuevas complicaciones por la activación de quebradas.
Finalmente, el Ejecutivo decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe para Coquimbo y la provincia del Huasco el lunes 20 de julio.
La diferencia temporal entre ambos episodios se convirtió en el principal argumento del gobernador para cuestionar los criterios de respuesta.
Las fechas oficiales que permiten comparar ambas emergencias
La documentación del Ministerio del Interior permite establecer una cronología de las medidas adoptadas en ambas zonas.
En el caso de Coquimbo, el Gobierno ya había declarado una emergencia preventiva antes de que comenzaran las precipitaciones más intensas.
Sin embargo, el estado de excepción constitucional de catástrofe llegó posteriormente.
Los principales antecedentes son los siguientes:
- 13 de julio: declaración de emergencia preventiva en Coquimbo y otras regiones debido al sistema frontal.
- 14 de julio: comienzo del episodio de precipitaciones intensas que afectó a distintas regiones.
- 16 de julio: agravamiento de la emergencia por inundaciones y activación de quebradas.
- 20 de julio: declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe para Coquimbo y la provincia del Huasco.
- 8 de octubre: aluvión en Las Condes y anuncio de la declaración de zona de catástrofe durante la misma jornada.
El Decreto 112, publicado en LeyChile, confirma que el estado de excepción constitucional de catástrofe para Coquimbo se decretó el 20 de julio.
Por otra parte, el Ministerio Secretaría General de Gobierno informó que el Presidente instruyó la declaración de zona de catástrofe para Las Condes el 8 de octubre.
Existe una diferencia legal importante: la declaración de zona afectada por catástrofe y el estado de excepción constitucional de catástrofe son mecanismos distintos.
Por ello, comparar sus tiempos no significa necesariamente que las autoridades hayan evaluado situaciones idénticas o aplicado los mismos procedimientos.
Cristóbal Juliá apunta al centralismo en Chile
Más allá de las fechas, el gobernador planteó una crítica sobre la forma en que se distribuye la atención del Estado.
A su juicio, las emergencias que afectan a Santiago reciben una visibilidad que no siempre se reproduce cuando los daños ocurren en regiones.
“Somos un país extremadamente centralizado y si no pasa en Santiago, muchas veces como que a las autoridades no les interesa mucho”, cuestionó.
La declaración refleja la evaluación política de Juliá sobre la respuesta gubernamental, no una constatación de que las autoridades hayan decidido desatender deliberadamente a Coquimbo.
El gobernador también hizo referencia a las gestiones que debieron realizar durante julio para conseguir apoyo.
“No deja de llamarme la atención esto que pasó, que fue de manera tan rápida, mientras que nosotros tuvimos que esperar días, alzar la voz, pasar más de un mal rato…”, lamentó.
Sus palabras pusieron el foco en las dificultades que pueden enfrentar los gobiernos regionales al gestionar recursos extraordinarios desde el nivel central.
Qué medidas había tomado el Gobierno antes de la catástrofe de julio
Un antecedente relevante es que Coquimbo no estuvo completamente fuera de las medidas preventivas del Ejecutivo antes del 20 de julio.
El Decreto 113, disponible en LeyChile, recuerda que desde el 13 de julio existía una declaración de emergencia preventiva para varias regiones.
La medida incluía a Coquimbo, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Esto permitió activar una fase preventiva ante el sistema frontal que comenzaba a afectar a gran parte del país.
Sin embargo, aquella declaración no equivalía al estado de excepción constitucional de catástrofe solicitado posteriormente por las autoridades regionales.
El Ministerio del Interior explicó el 20 de julio que las condiciones meteorológicas habían superado los pronósticos.
La autoridad mencionó aislamiento de personas, cortes de caminos, calles inundadas y problemas en los sistemas de alcantarillado.
Estos antecedentes permiten contextualizar la decisión gubernamental, aunque no resuelven por sí solos el cuestionamiento sobre la oportunidad de la declaración.
Las Condes recibió una declaración tras los graves daños del aluvión
En la Región Metropolitana, el Gobierno decidió adoptar medidas extraordinarias después del aluvión del jueves 8 de octubre.
La emergencia provocó afectaciones importantes en el sector de San Carlos de Apoquindo, con calles cubiertas de barro y vehículos arrastrados.
También se registraron daños en viviendas, establecimientos educacionales y centros asistenciales.
La declaración de zona de catástrofe buscó facilitar la coordinación de recursos y las labores de recuperación.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, esta herramienta permite agilizar procedimientos administrativos y ejecutar medidas de apoyo a las familias afectadas.
Asimismo, establece responsabilidades de coordinación para las autoridades regionales y permite avanzar en la evaluación de daños.
La medida no determina por sí sola que una emergencia sea más grave que otra. Responde a las herramientas legales y administrativas utilizadas en cada caso.
El llamado de Cristóbal Juliá a utilizar los mismos criterios
El gobernador cerró sus cuestionamientos con una reflexión sobre el trato que deberían recibir las regiones cuando enfrentan catástrofes.
“Por lo tanto, ojalá que siempre todos fuéramos medidos con la misma vara”, expresó.
La frase resume su principal inquietud: que las decisiones estatales consideren las necesidades de cada territorio sin depender de su cercanía con Santiago.
El planteamiento abre una discusión sobre los criterios técnicos, los plazos administrativos y la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales.
También vuelve relevante distinguir las diferentes medidas de emergencia disponibles y establecer cuándo corresponde utilizar cada una.
Por ahora, no se cuenta con antecedentes que demuestren que la diferencia de plazos obedeció exclusivamente a una preferencia del Gobierno por la capital.
El reclamo de Cristóbal Juliá deja abierta una discusión sobre la respuesta del Estado frente a los desastres naturales. El desafío será determinar si existen mejoras posibles para que las decisiones se adopten oportunamente en todas las regiones.
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