“El ministro de Justicia le ha mentido al país…”: estalla feroz terremoto político por impunidad a condenados de abuso
Los diputados Luis Cuello y Juan Santana denunciaron penalmente en la Fiscalía Nacional al ministro Fernando Rabat y al subsecretario Luis Silva por 56 decretos.
La crisis política desatada por los beneficios carcelarios otorgados a autores de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes escaló durante este lunes 26 de octubre hasta la Fiscalía Nacional. Parlamentarios de oposición concurrieron hasta el ente persecutor para ingresar una denuncia penal en contra del titular del Ministerio de Justicia del Gobierno de José Antonio Kast, Fernando Rabat, exigiendo además su salida inmediata del gabinete.
La arremetida judicial abre un nuevo flanco en tribunales para la cartera, poniendo bajo escrutinio penal la legalidad de las resoluciones firmadas por el Ejecutivo y el impacto que estas decisiones han provocado en las víctimas y sus entornos familiares.
La denuncia por prevaricación contra Fernando Rabat y el subsecretario Silva
La acción legal fue presentada por los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados, Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), quienes dirigieron el escrito tanto contra el ministro Fernando Rabat como contra el subsecretario de Justicia, Luis Silva, imputándoles el presunto delito de prevaricación administrativa.
En específico, el libelo apunta a los 56 decretos que concedieron rebajas de condena a un total de 27 internos sentenciados por abuso sexual y a otros 29 reclusos condenados por el delito de violación.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por los legisladores, la dictación de estos actos administrativos vulnera directamente el artículo 17 de la Ley 19.856, cuerpo legal que fija estrictas restricciones para conceder reducciones de tiempo a personas condenadas por ilícitos sexuales perpetrados contra menores de edad.
Junto al diputado @Juan_SantanaC presentamos una denuncia penal por prevaricación administrativa contra el Ministro Rabat por decretar ilegalmente rebajas de penas a pederastas https://t.co/gv13FSeDU6
— Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) October 26, 2026
El emplazamiento a La Moneda y la opción de una acusación constitucional
Tras concretar el trámite en el Ministerio Público, el diputado Luis Cuello sostuvo que el secretario de Estado no tenía la obligación legal de cursar los beneficios e insistió en que debe dejar el cargo de inmediato: “El ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también a sus familias”, declaró el parlamentario.
En esa misma línea, el representante comunista reprochó que la repartición gubernamental esgrimiera argumentos de eficiencia administrativa con el propósito de evitar eventuales litigios judiciales por parte de los internos.
Por su lado, el diputado socialista Juan Santana cuestionó la determinación del Presidente José Antonio Kast de ratificar a Fernando Rabat en sus funciones y adelantó que las bancadas evalúan impulsar una acusación constitucional en su contra.
Las claves del nuevo frente penal abierto en la Fiscalía Nacional
El ingreso de la denuncia contra Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva traslada la controversia desde el debate político hacia la investigación penal. Los ejes centrales de esta ofensiva se resumen en tres puntos:
- Indagatoria por prevaricación administrativa: Las instituciones competentes deberán investigar y determinar si las autoridades denunciadas incurrieron en responsabilidad penal al firmar decretos que, según los denunciantes, contravienen el texto expreso de la Ley 19.856.
- Desglose de los 56 beneficiados: La presentación judicial detalla que más de la mitad de los favorecidos (29 casos) cumplía condena por violación, mientras que los 27 restantes purgaban penas por abuso sexual contra menores.
- Doble presión desde el Congreso: A la vía penal activada en la Fiscalía Nacional se suma el estudio de un eventual libelo constitucional en la Cámara Baja luego de que La Moneda descartara pedirle la renuncia al titular de Justicia.
De esta manera, serán los órganos persecutores y los tribunales competentes los encargados de esclarecer la eventual responsabilidad penal de las autoridades del Ministerio de Justicia en la tramitación de los 56 decretos. Mientras la Fiscalía analiza los antecedentes ingresados este lunes, Fernando Rabat enfrenta simultáneamente la amenaza de un juicio político en el Parlamento.
