Diputado Kunstmann acusa a la oposición de armar un “show” por rebajas de penas de Rabat a pederastas

La crisis política por las rebajas de condena que firmó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso Nacional. Aunque el presidente José Antonio Kast reconoció la equivocación y respaldó la permanencia del secretario de Estado, el debate parlamentario sigue escalando tras conocerse el peligro de reincidencia de varios beneficiados.

En ese escenario, los diputados de la Región de Los Ríos protagonizaron un duro cruce que dividió incluso a las bancadas del propio oficialismo.

La defensa republicana a Fernando Rabat y el quiebre oficialista

Los decretos suscritos por el titular del Ministerio de Justicia permitieron la libertad de 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Además, los informes técnicos de 33 de esos reclusos advertían un alto riesgo de reincidencia, situación que llevó a sectores de gobierno a calificar el hecho como “un grave error político”.

Pese a los cuestionamientos internos, el diputado republicano por Los Ríos, Leandro Kunstmann, eximió de culpa al secretario de Estado y apuntó contra los partidos opositores en la Cámara de Diputadas y Diputados. “La oposición siempre se va a aprovechar de la situación coyuntural política y van a tratar de hacer su propio show”, criticó el legislador.

Asimismo, el parlamentario oficialista deslindó la responsabilidad administrativa de la cartera en la revisión de los expedientes. “Lo importante acá es ponerse del lado de las víctimas, buscar una solución rápida de algo que los máximos tribunales del país estaban otorgando y esto no es un tema del ministro. Aquí hay comisiones regionales que revisan los antecedentes”, replicó Kunstmann.

Sin embargo, dentro de la misma coalición de gobierno surgió una postura diametralmente opuesta. El diputado de Renovación Nacional por la misma zona, Daniel Valenzuela, exigió la salida del titular de Justicia y recalcó que las víctimas son las únicas perjudicadas.

“Tenemos violadores en las calles que deberían estar tras las rejas y hoy lamentablemente están libres”, indicó el legislador de RN. En esa línea, Valenzuela añadió que “este es un error político de proporciones y los errores políticos se pagan; y, a mi juicio, el ministro Rabat debiese haber dado un paso al costado y no haber involucrado al Presidente de la República en esto”.

Críticas de la oposición y organizaciones civiles en Los Ríos

Desde las organizaciones sociales de la zona también rechazaron la medida adoptada por el Ejecutivo. La representante de la agrupación Mujeres por Los Ríos, Fabiola Leiva, advirtió que la ciudadanía no puede tolerar actos de impunidad en este tipo de delitos.

Por su parte, el diputado socialista Marcos Ilabaca sostuvo que el ministro debiese renunciar a su cargo más allá de las evaluaciones personales. El parlamentario alertó además que tres de los decretos de rebaja favorecieron directamente a agresores sexuales de menores de la Región de Los Ríos.

A esos cuestionamientos se sumó el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, quien exigió una explicación del Gobierno para las familias afectadas. Respecto a la continuidad del secretario de Estado en el gabinete, el legislador afirmó que “la situación no da para más”.

Los tres condenados en Valdivia beneficiados por Fernando Rabat

Los antecedentes judiciales de la zona confirman que tres de los internos favorecidos cumplieron condenas dictadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, dependiente del Poder Judicial. Todos ellos accedieron a reducciones de pena mediante decretos firmados por Fernando Rabat bajo el mecanismo de la Ley 19.856:

• Heriberto Eliecer Alvarado Silva: Sentenciado a 6 años de cárcel por abuso sexual impropio de menor de 14 años; recibió una rebaja de 6 meses de condena.
• Florentino Segundo Quijada Villar: Condenado a 6 años de presidio por delitos de la misma índole; obtuvo una reducción de 9 meses en su pena.
• Germán Fernando Leal Sáez: Sentenciado a 20 años de cárcel por violación y abuso sexual; accedió a una disminución de 36 meses en su castigo penal.

Mientras las bancadas parlamentarias evalúan nuevas acciones de fiscalización, La Moneda intenta contener el costo político derivado de las liberaciones. No obstante, la presión transversal en el Congreso mantiene bajo intenso escrutinio la gestión de Fernando Rabat al mando de la cartera de Justicia.