Un audio clave tensiona la audiencia contra Joaquín Lavín León y refuerza las sospechas por uso irregular de recursos públicos.
En el marco de la revisión de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, un registro sonoro se transformó en uno de los elementos más relevantes contra el exdiputado Joaquín Lavín León. La Fiscalía busca que el exparlamentario quede bajo prisión preventiva, en medio de una investigación por presuntos hechos de corrupción.
El archivo fue presentado como una pieza central dentro de los antecedentes expuestos ante el tribunal, apuntando a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.
Fiscalía apunta a uso indebido de recursos del Congreso
Según lo argumentado por el Ministerio Público, el contenido del audio evidenciaría que trabajadores financiados con fondos del Congreso habrían realizado tareas ajenas a sus funciones oficiales.
Entre las actividades mencionadas, se incluye la recopilación de información personal —como nombres, direcciones y teléfonos— con fines que no se ajustan a labores legislativas, sino más bien a objetivos electorales o incluso económicos.
El mensaje que encendió las alertas
Fue la fiscal Constanza Encina quien dio a conocer el registro durante la audiencia. En el audio, atribuido a Lavín León, se escucha al exdiputado dirigiéndose a su equipo y valorando un avance en la construcción de una base de datos.
De acuerdo con lo informado por 24 Horas, el mensaje señala:
“Hola a todos, ¿Cómo están? Primero quisiera felicitarlos a todos porque hoy día superamos los 40 mil contactos en nuestra base de datos (…) Créanme que es muy importante lo que estamos haciendo para lo que viene durante este año”.
Base de datos con fines electorales en la mira
Para la Fiscalía, el registro permitiría sostener que los colaboradores habrían sido destinados a levantar y gestionar una base de datos de contactos, la cual posteriormente podría ser utilizada en campañas mediante llamados telefónicos o envío de mensajes.
Desde el ente persecutor subrayan que este tipo de acciones no se enmarcan dentro de las funciones parlamentarias, lo que abriría la puerta a un eventual uso indebido de recursos públicos con fines personales o políticos.
La investigación continúa en desarrollo, mientras el tribunal evalúa los antecedentes presentados para definir las medidas cautelares que enfrentará el exdiputado.