“Macrocriminalidad” y “Estado Capturado”: La demoledora tesis de la justicia para enviar a la cárcel a Joaquín Lavín León
La justicia ordenó prisión preventiva para Joaquín Lavín León tras una extensa formalización por corrupción y fraude.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió enviar a prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León, luego de una extensa audiencia donde la fiscalía expuso un presunto esquema de corrupción que calificó como un caso de “Estado Capturado”.
La medida cautelar fue adoptada por el magistrado Daniel Urrutia tras considerar la gravedad de los delitos investigados, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento mercantil.
Fiscalía apuntó a una red de corrupción sistemática
Durante cinco jornadas de formalización, el Ministerio Público sostuvo que el exparlamentario habría utilizado su posición política para operar en beneficio de una estructura ilícita instalada al interior del aparato estatal.
Según la tesis presentada por los persecutores, no se trataría de hechos aislados, sino de una dinámica de corrupción permanente donde organismos públicos terminan siendo utilizados para favorecer intereses particulares.
El rol de Lavín León en el esquema
En la resolución judicial, el tribunal sostuvo que Joaquín Lavín León actuó como un verdadero “agente de captura”, utilizando su cargo de representación para facilitar distintas operaciones irregulares.
El juez además recogió parte de la teoría expuesta por la fiscalía respecto al funcionamiento de este tipo de estructuras, señalando que existirían mecanismos reiterados de clientelismo, simulación e impunidad para sostener la red.
Desvío de fondos y rendiciones falsas
Uno de los antecedentes centrales de la investigación apunta al supuesto uso irregular de recursos provenientes del Congreso Nacional.
De acuerdo con la fiscalía, el exdiputado habría presentado documentos falsos vinculados a gastos parlamentarios con el objetivo de financiar compromisos de campaña y pagos a empresas relacionadas con servicios de imprenta.
La indagatoria estima que el perjuicio fiscal alcanzaría los $10.896.109.
Asesorías cuestionadas
La causa también incluye pagos por asesorías que, según la investigación, nunca se realizaron. Estos montos habrían beneficiado a personas cercanas a su círculo de confianza, entre ellos la pareja de su asesor Arnaldo Domínguez.
El colaborador también quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
Investigación también involucra contratos en Maipú
Otro de los focos de la acusación se relaciona con presuntas gestiones irregulares vinculadas a la Municipalidad de Maipú.
La fiscalía sostiene que, durante el periodo en que su esposa ejercía como alcaldesa de la comuna, Lavín León habría influido para favorecer a proveedores ligados a su entorno.
Según los antecedentes expuestos en la audiencia, estas contrataciones habrían alcanzado cifras superiores a los $88 millones.
Juez habló de “macrocriminalidad”
Al fundamentar la cautelar, el magistrado Daniel Urrutia calificó los hechos investigados como actos de “macrocriminalidad”, apuntando al impacto social que genera la apropiación de recursos públicos.
En esa línea, sostuvo que este tipo de delitos afectan directamente las capacidades del Estado para responder a necesidades sociales y garantizar derechos básicos.
Finalmente, el tribunal consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, especialmente por la reiteración de los delitos y las altas penas asociadas a las acusaciones.
