Tras meses de discusión judicial, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolvió que la investigación por la muerte del cabo del Ejército Carlos Palacios quedará en manos del Ministerio Público y no de la justicia militar.

Tribunal definió quién investigará la muerte del cabo Carlos Palacios

La decisión se adoptó luego de varias semanas de debate sobre qué jurisdicción debía encabezar las diligencias del caso.

Tras la audiencia respectiva, la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, confirmó que el tribunal acogió la solicitud presentada.

Con ello, la Fiscalía deberá requerir al Tribunal Militar la entrega de todos los antecedentes reunidos hasta ahora, con el objetivo de que la indagatoria continúe sin interrupciones.

Por qué el caso pasará al Ministerio Público

De acuerdo con lo consignado por La Tercera, la determinación contó con el respaldo de la Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la representación de la madre del cabo Palacios y la defensa del capitán Felipe Oliva.

En su resolución, la magistrada Mónica Mansilla expuso tres fundamentos centrales para definir que la causa debe seguir en la justicia ordinaria.

Los argumentos considerados por el tribunal

El primer punto apuntó a la ausencia de una orden institucional. Según planteó la defensa técnica, la muerte del cabo no habría ocurrido en el contexto de actividades regladas por el Ejército ni bajo instrucciones oficiales, sino a partir de decisiones individuales de los sargentos involucrados.

El segundo criterio estuvo relacionado con la naturaleza del delito. En ese aspecto, el INDH sostuvo que la intervención de tribunales castrenses debe ser de carácter “excepcionalísimo”.

Además, se indicó que la justicia militar solo corresponde cuando están comprometidos bienes jurídicos estrictamente militares, como la seguridad nacional, y no frente a delitos comunes o cuasidelitos de homicidio.

Fiscalía Militar deberá entregar antecedentes

El tercer argumento mencionado por la magistrada se vinculó con los límites legales de la competencia militar.

Según el tribunal, la Fiscalía Militar habría excedido lo contemplado en el Artículo 3 del Código de Justicia Militar, por lo que el Juzgado de Garantía de Punta Arenas quedó establecido como el organismo competente para supervisar el proceso.

En esa línea, la jueza instruyó formalmente el traspaso de la investigación.

“Se solicita a la Fiscalía Militar de Punta Arenas que se inhiba de continuar conociendo de la presente investigación y sean remitidos todos los antecedentes recabados a la Fiscalía Local“, puntualizó.

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Quiénes son los investigados en la causa

Actualmente, cuatro funcionarios del Ejército permanecen bajo investigación por cuasidelito de homicidio.

Se trata del capitán Felipe Oliva, el alférez Alexis Farías, el sargento Leonardo Vallejo y el sargento Jaime Huichalaf.

Medidas cautelares y posible nuevo conflicto

Al inicio del caso, Oliva, Farías y Vallejo estuvieron en prisión preventiva. Sin embargo, en abril sus medidas cautelares fueron modificadas, quedando en libertad con firma mensual mientras avanza la etapa de instrucción.

Pese a que la justicia ordinaria asumirá la investigación, la controversia por la competencia aún podría continuar.

Si la Fiscalía Militar decide impugnar la resolución e insiste en mantener el caso, el conflicto deberá ser elevado a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre qué jurisdicción quedará a cargo del expediente.