La Ley Alejandro propone cambios al sistema penal adolescente tras la muerte de un niño en San Bernardo. ¿Qué plantea?
Un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana llegó hasta La Moneda para solicitar al Gobierno que acelere una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La propuesta, conocida de manera informal como Ley Alejandro, busca modificar las sanciones aplicables a menores involucrados en delitos graves y reforzar el papel de las víctimas durante el proceso judicial.
Ley Alejandro: alcaldes piden avanzar en reforma penal adolescente
La iniciativa recibe su nombre en memoria de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo. Los jefes comunales entregaron al ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, un documento técnico con cambios que, a su juicio, deben discutirse con urgencia en el Congreso.
La delegación estuvo integrada por Jaime Bellolio, alcalde de Providencia; Sebastián Sichel, de Ñuñoa; Camila Merino, de Vitacura; María Isabel Valenzuela, de Colina; Paula Gárate, de Melipilla; y Carol Bown, de San Miguel.
El texto plantea modificaciones a la Ley N.° 20.084 y apunta a intervenir distintas etapas del sistema penal adolescente. La propuesta no busca incorporar a menores al régimen de adultos, sino establecer un modelo juvenil agravado para hechos de alta gravedad.
Cambios a las penas y al cumplimiento de condenas
Uno de los principales planteamientos de la Ley Alejandro es dejar atrás los mecanismos automáticos de rebaja de penas en casos de homicidio, secuestro o delitos vinculados al crimen organizado.
El documento cuestiona la actual “lógica puramente aritmética” utilizada para fijar ciertas sanciones y plantea que los tribunales puedan considerar con mayor amplitud el daño causado, la gravedad del delito y la cantidad de víctimas involucradas.
Entre las medidas sugeridas se incluye elevar los límites máximos de internación cerrada para delitos graves:
- Hasta 15 años para adolescentes de 16 y 17 años.
- Hasta 8 años para jóvenes entre 14 y 15 años.
Además, los alcaldes proponen exigir el cumplimiento efectivo de, al menos, dos tercios de la condena antes de optar a beneficios como egresos anticipados.
Más control judicial y protección para las víctimas
La propuesta también apunta a que el mismo juez que dicte sentencia supervise posteriormente el cumplimiento de la pena, con apoyo obligatorio de profesionales del área psicosocial.
Otro eje de la Ley Alejandro busca reforzar la participación de víctimas y familiares. La idea es que sean informados y escuchados antes de que se resuelvan eventuales reducciones de condena o beneficios penitenciarios para adolescentes condenados.
Asimismo, se plantea que los centros de internación separen a infractores primerizos de jóvenes relacionados con bandas criminales, con el objetivo de evitar que exista contacto o influencia entre ambos grupos.
Castigo a adultos que recluten o utilicen menores para delinquir
La minuta entregada en La Moneda también pone foco en los adultos que incorporen a adolescentes a organizaciones delictivas.
Los alcaldes proponen modificar el artículo 72 del Código Penal para establecer una agravante que eleve la pena de cualquier adulto que participe en un delito junto a menores de 18 años, sin importar quién haya ejecutado materialmente el hecho.
El castigo sería aún mayor cuando se acredite que un adulto financió, dirigió, indujo o facilitó los medios para reclutar a un adolescente con fines delictivos.
Por ahora, la Ley Alejandro corresponde a una propuesta impulsada por autoridades comunales y requerirá tramitación legislativa para transformarse en una modificación efectiva al sistema penal adolescente.