Una nueva reforma constitucional de seguridad comenzó a tomar forma en el Gobierno. La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, busca abrir una vía para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en barrios afectados por fenómenos delictuales de alta complejidad.

Gobierno evalúa crear un quinto estado de excepción

De acuerdo con información publicada por BioBioChile, el proyecto todavía se encuentra en una fase preliminar de conversaciones técnicas y políticas. Sin embargo, la intención del Ejecutivo sería ingresar la propuesta durante las próximas semanas.

Uno de los puntos centrales de la reforma constitucional de seguridad es la creación de un quinto estado de excepción, adicional a los cuatro mecanismos que actualmente contempla la Carta Fundamental.

La herramienta sería “más simple” y podría activarse cuando exista una “afección pública”, permitiendo que efectivos militares sean desplegados en zonas delimitadas para colaborar con Carabineros y la Policía de Investigaciones.

A diferencia de otras medidas de carácter territorial más amplio, la fórmula que estudia La Moneda estaría acotada a barrios específicos y tendría una duración limitada. El objetivo sería intervenir sectores donde la actividad criminal alcance niveles que justifiquen un refuerzo extraordinario de las labores policiales.

Una promesa de campaña que vuelve al centro del debate

La propuesta permitiría al presidente José Antonio Kast avanzar en uno de los compromisos más controvertidos de su campaña: recurrir a las Fuerzas Armadas para fortalecer el combate contra la delincuencia.

La idea también busca responder a las solicitudes realizadas por alcaldes de distintas comunas, quienes han pedido presencia militar ante episodios de violencia, narcotráfico y pérdida de control territorial.

El diseño comenzó a ser analizado luego de los reveses sufridos por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. Uno de ellos ocurrió con el proyecto de Escuelas Protegidas, cuyo articulado perdió disposiciones consideradas relevantes por el Gobierno.

Parlamentarios piden aclarar los límites de la medida

La eventual creación de este nuevo estado de excepción ya generó las primeras reacciones en el Congreso.

El senador de Renovación Nacional Andrés Longton planteó que, antes de respaldar la propuesta, es necesario conocer cuáles serían sus diferencias con el actual estado de emergencia, que ya permite la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías.

Una postura similar manifestó el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi. Aunque se mostró disponible para discutir un mecanismo focalizado, advirtió que primero deben resolverse las normas que regularán la actuación militar.

“Yo pienso que no puede improvisarse, yo creo que antes que involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que hay que hacer es asegurar las reglas del uso de la fuerza. En eso estamos ahora trabajando con la comisión mixta que tiene que sacar las reglas del uso de la fuerza y tiene esto que ser claro”, aseveró.

Las Reglas de Uso de la Fuerza aparecen como condición clave

Para Bianchi, avanzar en las Reglas de Uso de la Fuerza resulta fundamental antes de encomendar nuevas labores de seguridad interior a los militares.

Estas normas buscan establecer con precisión las circunstancias en que los efectivos pueden intervenir y emplear distintos niveles de fuerza, entregándoles certeza jurídica durante los operativos.

Las Fuerzas Armadas han planteado reparos frente a su eventual participación en tareas de orden público, principalmente por la falta de formación específica y de reglas suficientemente claras para enfrentar este tipo de escenarios.

Juan Luis Castro recuerda propuesta del gobierno de Boric

El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que el debate no parte desde cero. Según recordó, durante la administración del expresidente Gabriel Boric se presentó una iniciativa similar para enfrentar atentados y hechos graves de violencia.

“Yo creo que esto hay que mirarlo a la luz de los hechos y de que es una idea que no es nueva. Se puede analizar y discutir, pero hay que ver exactamente qué se busca para que así no haya excesos ni haya atribuciones que sean desmedidas“, señaló.

El legislador afirmó que la reforma constitucional de seguridad puede ser analizada en el Congreso, pero recalcó que deberá incorporar límites precisos para evitar atribuciones excesivas o intervenciones desproporcionadas.

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Propuesta sigue bajo análisis técnico

Parte del proyecto permanece en evaluación dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se estudian sus alcances, la fórmula legislativa que se utilizaría y experiencias internacionales comparables.

El Ejecutivo también contempla mantener reuniones con parlamentarios, especialistas constitucionales y académicos antes de cerrar la redacción definitiva.

La seguridad, además, marcará la agenda gubernamental durante esta semana. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentará ante el comité encargado del área una propuesta destinada a ampliar la capacidad de los recintos penitenciarios que reciben a internos considerados de alta peligrosidad.