La denominada Ley Mordaza 2.0 llegará este martes 4 de agosto a la Sala del Senado, donde está prevista su votación en general. La iniciativa busca sancionar la entrega o difusión injustificada de antecedentes pertenecientes a investigaciones penales, pero su redacción ha encendido las alertas entre organizaciones periodísticas y expertos constitucionales.

¿Qué busca regular la Ley Mordaza 2.0?

El proyecto corresponde al Boletín N.º 17.484-07 y su nombre formal es “Modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida”.

La propuesta fue ingresada en abril de 2025 por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti. Sus impulsores sostienen que busca proteger la intimidad de quienes participan en causas penales y evitar que las filtraciones afecten el éxito de las investigaciones.

El texto también contempla separar de la carpeta investigativa principal aquellos documentos o registros que carezcan de interés para la causa. Ese material quedaría archivado en un anexo reservado, cuya clasificación podría ser revisada por un juez de Garantía si alguno de los intervinientes presenta objeciones.

El punto que genera mayor controversia

La discusión se concentra en la norma que sancionaría a “el que sin causa justificada difundiere o divulgare” antecedentes, piezas u otra información perteneciente a una investigación penal.

La expresión no menciona únicamente a fiscales, policías, defensores u otros funcionarios obligados a guardar reserva. Al emplear una fórmula general, podría alcanzar también a periodistas, fuentes informativas o particulares que compartan esos antecedentes.

En otras palabras, una persona que publique o replique información proveniente de una causa en investigación podría quedar expuesta a una acción penal si un tribunal determina que actuó sin una justificación válida.

¿Cuáles serían las penas contempladas?

La versión original del proyecto llegó a considerar multas de hasta 500 UTM y penas que podían alcanzar los cinco años de privación de libertad. Sin embargo, el texto aprobado en particular por la Comisión de Constitución incorporó cambios en los montos y distinguió entre los responsables de la filtración.

Para quien tenga acceso a un proceso penal y entregue antecedentes sin una causa justificada, la propuesta contempla reclusión menor en sus grados mínimo a medio o una multa de entre 10 y 100 UTM.

En el caso de quien divulgue o difunda información de una investigación, la sanción podría ir desde la reclusión menor en grado medio hasta una multa de entre 20 y 200 UTM.

Si los antecedentes habían sido declarados secretos o reservados, la pena aumentaría a reclusión menor en sus grados medio a máximo —que puede llegar hasta cinco años— o a una multa de entre 30 y 300 UTM.

Sanciones más severas para funcionarios

El proyecto establece un tratamiento específico para fiscales, funcionarios del Ministerio Público, defensores, querellantes, policías y otros empleados públicos que entreguen o divulguen información obtenida debido a su participación en una investigación.

Para estos casos se proponen penas de reclusión y multas, además de inhabilitaciones cuando los antecedentes estén sometidos a secreto o reserva.

También se consideran sanciones especiales si la filtración permite identificar a víctimas, denunciantes, testigos, agentes encubiertos, informantes o personas que colaboraron con la investigación y aquello genera un riesgo para su seguridad.

¿Por qué la llaman “Ley Mordaza 2.0”?

La denominación fue adoptada por sus detractores, quienes sostienen que la amenaza de cárcel o multas podría generar autocensura antes de que una información de interés público sea publicada.

La Asociación Nacional de la Prensa, ANATEL, el Colegio de Periodistas y distintos juristas han manifestado reparos durante la tramitación. Entre sus principales cuestionamientos aparece la amplitud de expresiones como “sin causa justificada” y “el que difunda”, cuyo alcance concreto tendría que ser determinado posteriormente por los tribunales.

Desde esa perspectiva, una redacción poco precisa podría dificultar la publicación de investigaciones sobre corrupción, crimen organizado, tráfico de influencias o irregularidades cometidas por autoridades.

El temor de los gremios es que una fuente deje de entregar antecedentes o que un medio decida no publicarlos debido al riesgo de enfrentar una investigación penal.

Las críticas constitucionales al proyecto

Los detractores plantean que la propuesta podría entrar en tensión con la libertad de emitir opinión e informar, garantizada por la Constitución, además del principio de legalidad que exige describir claramente las conductas consideradas delito.

La abogada constitucionalista Marisol Peña también ha advertido sobre una posible incompatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información.

Quienes cuestionan la Ley Mordaza 2.0 sostienen que castigar penalmente la divulgación puede operar como una forma indirecta de censura, incluso cuando no exista una prohibición previa para publicar.

Los argumentos de quienes respaldan la iniciativa

Los autores del proyecto rechazan que su intención sea restringir el trabajo periodístico.

Pedro Araya ha señalado que la propuesta busca enfrentar las filtraciones y adaptar el sistema penal a nuevas tecnologías, como las interceptaciones telefónicas. También ha sostenido que las modificaciones pueden perfeccionarse para evitar interpretaciones que afecten la libertad de prensa.

Paulina Núñez, en tanto, afirmó durante la discusión en comisión que las mayores responsabilidades deben recaer en los funcionarios públicos que, por su cargo, están obligados a proteger los antecedentes de una causa.

Alfonso de Urresti también defendió que el objetivo sería mejorar el éxito de las investigaciones y resguardar el debido proceso, sin modificar las normas de la Ley de Prensa.

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¿Qué ocurrirá ahora con el proyecto?

La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y quedó en condiciones de ser revisada por la Sala después de ser despachada por la Comisión de Constitución.

Este martes está programada su votación en general. En esa instancia, los senadores deberán decidir si respaldan o rechazan la idea de legislar sobre la materia.

Incluso si obtiene los votos necesarios, la Ley Mordaza 2.0 todavía deberá completar las siguientes etapas de su tramitación en el Congreso antes de convertirse en ley. Por ahora, el debate sigue centrado en cómo proteger las investigaciones penales sin debilitar el periodismo, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a informarse.