Joaquín Lavín León podrá abandonar el Anexo Penitenciario Capitán Yáber luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su prisión preventiva. Sin embargo, el exdiputado no quedará en libertad plena: deberá cumplir arresto domiciliario total y quedará sujeto a otras dos estrictas restricciones mientras continúa la investigación en su contra.

Corte revocó la prisión preventiva de Joaquín Lavín León

La resolución fue adoptada este jueves 6 de agosto por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que modificó la cautelar más gravosa impuesta al exparlamentario el pasado 8 de mayo.

La decisión no fue unánime: se aprobó por dos votos contra uno. Con ello, Lavín León dejará la prisión preventiva y deberá permanecer las 24 horas en su domicilio, salvo que obtenga una autorización judicial específica para abandonarlo.

El cambio se produjo apenas tres días después de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara una solicitud de la defensa y resolviera mantener al exdiputado en Capitán Yáber.

Las dos condiciones adicionales que deberá cumplir

Además del arresto domiciliario total, el tribunal de alzada decretó dos medidas cautelares complementarias:

• Arraigo nacional.
• Prohibición de comunicarse con los demás imputados en la causa.

El arraigo impedirá que Joaquín Lavín León abandone Chile mientras se mantenga vigente la medida. La segunda condición busca evitar contactos que eventualmente puedan afectar las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público.

Por lo tanto, la decisión judicial reduce la intensidad de la privación de libertad, pero mantiene una vigilancia estricta sobre el exlegislador durante el avance del proceso penal.

Las razones entregadas por la Corte

Al resolver el recurso presentado por la defensa, la Corte puso el foco en la necesidad de mantener la prisión preventiva y en el tiempo que el imputado ya había permanecido bajo esa cautelar.

Los magistrados estimaron que una medida de menor intensidad podría resguardar los objetivos del procedimiento sin afectar el desarrollo de las diligencias pendientes.

La resolución, no obstante, no descartó los antecedentes expuestos por la Fiscalía ni modificó la situación procesal del exdiputado.

Fallo no descarta los delitos investigados

Desde el tribunal aclararon que la decisión no cuestiona los denominados presupuestos materiales de la causa. Esto significa que la Corte no descartó la existencia de los delitos investigados ni la participación que el Ministerio Público le atribuye a Lavín León.

La discusión se concentró exclusivamente en determinar si resultaba indispensable mantenerlo privado de libertad en un recinto penitenciario o si los fines del procedimiento podían resguardarse con otras medidas.

En consecuencia, el cambio de cautelar no representa una absolución ni implica el término de la investigación. Lavín León conserva la calidad de imputado y deberá continuar enfrentando el proceso judicial.

¿Por qué es investigado Joaquín Lavín León?

La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga al exdiputado por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de hechos vinculados al uso de información electoral.

Una de las principales aristas apunta a la presentación de facturas supuestamente falsas como gastos parlamentarios. Según la tesis del organismo persecutor, parte de esos recursos habría sido utilizada para cubrir servicios personales, deudas y actividades relacionadas con campañas políticas.

Los antecedentes expuestos durante la formalización también incluyen contrataciones presuntamente irregulares de asesores y pagos de material propagandístico con fondos provenientes del Congreso Nacional.

Facturas por más de $100 millones

De acuerdo con lo informado por T13, la Fiscalía sostiene que el exparlamentario habría presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados y el Servicio Electoral facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones.

Los documentos estaban vinculados a la imprenta MMG y a la empresa Modo 74 SpA, cuyos representantes también figuran como imputados dentro de la investigación.

La causa oficial también describe operaciones realizadas durante distintos años mediante rendiciones de gastos parlamentarios, contratación de personal y encargos de material destinado a campañas electorales.

La plataforma SocialTazk y los datos electorales

Otra línea investigativa se relaciona con SocialTazk, una plataforma destinada al almacenamiento de información y al envío masivo de mensajes durante periodos electorales.

Según la imputación, el proyecto habría sido financiado parcialmente mediante asignaciones parlamentarias y operaba utilizando bases de datos vinculadas al padrón electoral. La Fiscalía busca establecer si estos recursos públicos fueron desviados hacia actividades propagandísticas ajenas a las funciones legislativas.

También se indagan pagos efectuados a personas que formalmente aparecían contratadas como asesores, pero que presuntamente habrían desarrollado labores relacionadas con diferentes campañas políticas.

Los vínculos con las campañas de su familia

Parte de los antecedentes presentados por el Ministerio Público apunta a que ciertos servicios y materiales habrían beneficiado campañas de figuras cercanas al exdiputado.

Entre ellas se encuentran actividades electorales de su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, y de su padre, Joaquín Lavín Infante, durante las primarias presidenciales de Chile Vamos de 2021. Estos hechos forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y todavía deben ser acreditados judicialmente.

La indagatoria contra Lavín León tomó mayor fuerza a partir de diligencias vinculadas con la investigación por presuntas irregularidades cometidas durante la administración municipal de Barriga en Maipú.

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Permanecía en prisión desde mayo

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había decretado la prisión preventiva de Joaquín Lavín León el 8 de mayo, al estimar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.

En aquella oportunidad, el tribunal consideró la cantidad y gravedad de los delitos imputados, su eventual reiteración y las posibles penas que arriesgaría en caso de ser condenado.

Desde entonces permanecía recluido en Capitán Yáber. Su defensa intentó sustituir la prisión preventiva por una cautelar menos intensa, argumentando que existían otras medidas suficientes para garantizar los objetivos del proceso.

Con la nueva resolución de la Corte, esa solicitud finalmente fue acogida. Ahora, el exdiputado podrá trasladarse a su domicilio, pero deberá permanecer allí de manera permanente, no podrá salir del país y tendrá prohibido contactar a otros involucrados.

La investigación continúa abierta y las imputaciones deberán ser probadas durante el proceso. Mientras no exista una sentencia definitiva, Joaquín Lavín León debe ser considerado inocente de los delitos que se le atribuyen.