La megarreforma enfrentará tres requerimientos ante el TC. ¿Qué normas podrían quedar fuera y cuándo se conocerá la decisión?
La megarreforma impulsada por el Gobierno deberá superar una nueva y decisiva etapa antes de cerrar completamente su tramitación. El Tribunal Constitucional declaró admisibles los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y aceptó revisar normas tributarias, medioambientales y relacionadas con la actividad acuícola.
Tribunal Constitucional acepta revisar la megarreforma
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió admitir a trámite y declarar admisibles las tres presentaciones ingresadas por grupos de senadores y diputados contra distintas disposiciones del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.
La decisión implica que las acciones superaron las revisiones formales y ahora podrán ser examinadas en cuanto a su contenido. Por lo tanto, el organismo todavía no ha establecido si las disposiciones cuestionadas son o no contrarias a la Constitución.
La resolución fue adoptada después de que dos de las presentaciones debieran corregir aspectos formales dentro del plazo otorgado por el propio tribunal. Tras superar esa etapa, las tres acciones continuarán avanzando de manera paralela.
Gobierno y Congreso podrán presentar observaciones
Como parte del procedimiento, el TC confirió un plazo de cinco días corridos al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Durante ese periodo, las instituciones podrán pronunciarse, si así lo estiman, respecto de las objeciones de constitucionalidad formuladas por los parlamentarios requirentes.
Después de recibir esos antecedentes, los ministros del tribunal deberán escuchar los alegatos y resolver el fondo de cada presentación.
Las dos fechas clave para el futuro de la megarreforma
El calendario definido por el Tribunal Constitucional contempla dos jornadas diferentes.
La primera será el miércoles 12 de agosto de 2026, desde las 09:00 horas, cuando se realizará una audiencia pública para escuchar a organizaciones, expertos u otras personas interesadas en entregar antecedentes sobre las normas impugnadas.
Quienes quieran participar tendrán hasta las 12:00 horas del lunes 10 de agosto para presentar por escrito su solicitud y pedir ser oídos durante esa instancia.
Los alegatos se realizarán un día después
La segunda jornada decisiva quedó programada para el jueves 13 de agosto. Ese día, el Pleno escuchará los alegatos de las partes directamente involucradas en los tres requerimientos.
Una vez completada esa etapa, el tribunal quedará en condiciones de pronunciarse sobre el fondo y determinar si las normas objetadas pueden mantenerse dentro de la megarreforma o si deben ser declaradas inconstitucionales.
El primer requerimiento: la invariabilidad tributaria
Uno de los principales cuestionamientos apunta al régimen que permitiría mantener sin modificaciones determinadas condiciones tributarias durante periodos de 10, 15 o 20 años.
Los parlamentarios opositores sostienen que esta fórmula limitaría la capacidad de futuros congresos y gobiernos para modificar la legislación impositiva mediante los procedimientos democráticos correspondientes.
El requerimiento solicita que los preceptos sean declarados inconstitucionales “por ser contrarios con el carácter de Chile como una república democrática, proclamado en el artículo 4° de la Carta Fundamental”.
De acuerdo con los argumentos presentados, la norma podría afectar el principio de mayoría y la alternancia en el poder, ya que las futuras autoridades quedarían impedidas de cambiar ciertas reglas durante los plazos establecidos.
¿Qué significa la invariabilidad tributaria?
El mecanismo pretende garantizar que ciertas condiciones fiscales aplicables a proyectos de inversión permanezcan estables durante un periodo determinado.
Sus impulsores lo plantean como una herramienta para entregar certeza a los inversionistas. Sin embargo, quienes recurrieron ante el TC argumentan que la disposición podría terminar inmovilizando la legislación y reduciendo las atribuciones de los futuros órganos democráticamente elegidos.
Un tercer requerimiento también aborda este estatuto, aunque incorpora otras materias medioambientales y pesqueras contenidas en la iniciativa.
El segundo punto: indemnizaciones por permisos ambientales anulados
Otra acción busca impugnar los artículos que crean un régimen de indemnización con recursos fiscales cuando una Resolución de Calificación Ambiental, conocida como RCA, sea anulada judicialmente.
La disposición permitiría compensar los gastos directos, efectivos y no recuperables realizados por el titular de un proyecto mientras su autorización ambiental estuvo vigente.
Los parlamentarios requirentes cuestionan que el Estado deba asumir esos costos, particularmente cuando la invalidación del permiso pueda estar relacionada con irregularidades o deficiencias ocurridas durante su tramitación.
Oposición cuestiona los límites a la justicia ambiental
Las presentaciones también plantean reparos respecto de las facultades de los tribunales para decretar medidas de protección medioambiental.
Según los argumentos expuestos por la oposición, algunas disposiciones podrían debilitar las garantías judiciales, favorecer a grandes inversionistas o generar efectos sobre los derechos de comunidades y pueblos indígenas. Estas acusaciones deberán ser analizadas y resueltas por el Tribunal Constitucional.
Los cambios a la actividad acuícola que también serán examinados
El tercer requerimiento amplía la discusión hacia modificaciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Entre las disposiciones cuestionadas se encuentran aquellas que facilitarían la relocalización de concesiones acuícolas y permitirían a las propias empresas financiar estudios destinados a establecer la existencia de bancos naturales protegidos.
La controversia se concentra en que los titulares podrían participar en la generación de antecedentes técnicos que posteriormente serían utilizados para resolver autorizaciones relacionadas con sus proyectos.
Los requirentes consideran que esta participación podría afectar la independencia del proceso y generar dudas sobre la objetividad de la información utilizada por la autoridad.
Qué significa la admisibilidad de los tres recursos
La decisión del TC representa un avance procesal para la oposición, pero no anticipa el resultado final.
Declarar admisibles los requerimientos significa que cumplen las exigencias necesarias para ser revisados. No supone que el tribunal comparta los argumentos presentados ni que haya decidido eliminar las normas objetadas.
El futuro de estas disposiciones comenzará a definirse en las audiencias del 12 y 13 de agosto. Allí, el Gobierno, el Congreso, los parlamentarios requirentes y quienes sean autorizados a participar podrán defender sus respectivas posiciones.
La megarreforma, despachada por el Congreso el 4 de agosto, queda así frente a una última disputa constitucional que podría modificar algunos de sus puntos centrales antes de que concluya definitivamente el proceso legislativo.