Gobierno recurrió al TC para frenar norma de reposición gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe.
En una jugada que encendió la discusión política, el Ejecutivo decidió acudir de manera formal ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de impugnar la indicación que exige a las compañías proveedoras reponer sin costo el suministro de electricidad, agua potable y gas en comunas bajo estado de catástrofe.
La estrategia de La Moneda para acelerar los plazos
La ofensiva ante el organismo garante de la Carta Magna se concretó durante la jornada de este martes 11 de agosto. Desde la casa de gobierno explicaron que la vía judicial fue escogida por sobre la presentación de un veto presidencial aditivo por razones de celeridad en la tramitación.
De acuerdo con lo publicado por El Desconcierto, fue el titular del Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, quien transparentó la decisión del Ejecutivo al señalar que “Nos interesa ir rápido con el proyecto ley”.
En esa misma línea, el secretario de Estado justificó el requerimiento ante el organismo constitucional sosteniendo que “el veto aditivo tiene un tiempo de tramitación distinto y pensamos que esta es la forma de hacerlo”, confiando en que el camino del TC permitirá acortar los plazos legislativos.
Cuestionamientos a la constitucionalidad de la indicación
Reserva de constitucionalidad e idea matriz
Junto con los tiempos de despacho, el jefe de las finanzas públicas reparó en la técnica legislativa utilizada para incorporar la gratuidad de los consumos básicos en la norma, acusando una vulneración a las reglas del Congreso.
Sobre el origen del texto impugnado, el ministro recordó las prevenciones manifestadas durante el debate parlamentario, afirmando que “esto está fuera de idea matriz… cuando se presentó, yo mismo hice una reserva de constitucionalidad al respecto”.
Pese a la ofensiva ante el tribunal, la autoridad económica enfatizó que desde la administración central no existe un rechazo de fondo a la ayuda ciudadana en emergencias, aclarando que el objetivo del Gobierno es lograr que la iniciativa “se redacte bien” y mediante la figura de un “artículo único”.