Sacudón en el Estado: Contraloría detecta funcionarios condenados y Carabineros lidera la lista

Contraloría puso en la mira a Carabineros, el Ejército y varios municipios tras detectar funcionarios con condenas vigentes.

Contraloría General de la República, que detectó funcionarios públicos con condenas vigentes trabajando en el Estado

La Contraloría detectó a 315 funcionarios públicos que siguen trabajando en el Estado pese a tener condenas vigentes por crimen o simple delito. El hallazgo pone bajo la lupa a varias instituciones, entre ellas las policías, las Fuerzas Armadas y distintos municipios.

El dato forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, publicado este martes 17 de noviembre. Según el organismo, estas personas incumplen la prohibición legal para seguir ejerciendo un cargo público.

¿Qué detectó la Contraloría?

El análisis se hizo cruzando tres bases de datos: el Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, el Servel y el Siaper, el sistema que controla al personal de la administración del Estado.

De ese cruce salieron 315 funcionarios y servidores públicos asociados a 317 registros de condena. Es decir, dos de ellos tienen más de una condena.

Además, la Contraloría precisó que 73 condenas son por crímenes y 244 por simples delitos. El informe no detalla qué delitos cometió cada funcionario ni entrega nombres.

Por otro lado, 149 de estas personas trabajan en gobiernos locales, mientras que 166 se desempeñan en el gobierno central.

¿Qué instituciones tienen más funcionarios con condenas?

La lista la encabeza Carabineros, con 84 funcionarios con condenas vigentes. Le siguen el Ejército y la Armada.

  • Carabineros de Chile: 84 funcionarios.
  • Ejército de Chile: 22.
  • Armada de Chile: 8.
  • Municipalidad de Valdivia: 6.
  • Fuerza Aérea de Chile: 5.
  • Municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt: 4 cada una.
  • Municipalidad de Tocopilla: 3.

En total, esas instituciones suman 144 casos. El resto se reparte entre otros servicios y municipios que la Contraloría no detalló en su comunicado.

Hasta el cierre de esta nota, no se conocían respuestas públicas de las instituciones mencionadas.

¿Qué ordenó la Contraloría?

Frente a este escenario, la Contraloría pidió a las entidades involucradas abrir investigaciones internas. Según el organismo, deberán:

“Iniciar las investigaciones pertinentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena al jefe de servicio”, detalló.

Asimismo, tendrán que iniciar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente.

Por último, los servicios deberán informar si las condenas fueron evaluadas a tiempo en los procesos de calificación. Eso, según los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.

El documento completo está disponible en el informe CIC N°29, mientras que el resumen oficial se puede revisar en el sitio de la Contraloría.

¿Qué es la inhabilidad sobreviniente?

La propia Contraloría explicó el concepto en su comunicado.

“Corresponde a una circunstancia que surge después del ingreso a la Administración del Estado y que impide a una persona seguir ejerciendo un cargo público”, precisó.

La norma que la sustenta es el artículo 54, letra c), de la Ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado. Esa disposición prohíbe ejercer cargos públicos a quienes estén condenados por crimen o simple delito.

Por eso, una condena posterior al ingreso no solo debe informarse. También obliga a la institución a iniciar el proceso para que esa persona deje su cargo.

¿Qué otros casos ha detectado la Contraloría con estos cruces?

Los CIC se han vuelto una de las herramientas más usadas por el organismo en el último tiempo. Funcionan cruzando bases de datos públicas para detectar irregularidades masivas.

Por ejemplo, en marzo el organismo reveló que casi mil funcionarios apostaron en casinos pese a tenerlo prohibido. Carabineros, además, ya había quedado en la mira en agosto, cuando la Contraloría detectó irregularidades en contratos de la institución.

Mientras tanto, las entidades involucradas deberán informar a la Contraloría los resultados de sus investigaciones. Por ahora, el comunicado no detalla plazos ni cuántos funcionarios han dejado sus cargos.