El acceso de 437 mil personas al Bono Clase Media, declarando información incorrecta, la oposición ha manifestado que los trabajadores paguen por los costos de una política mal implementada. Tomando en consideración que la identificación de estas personas llevaría un proceso penal, además que están obligados a devolver el dinero, por ello la diputada Gael Yeomans propuso un “perdonazo”.
Esta petición fue recibida por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar. Este miércoles los diputados Jaime Mulet y Esteban Velásquez ingresarán un proyecto de ley que concede amnistía a los infractores de la declaración jurada del aporte a la clase media contenido en la Ley N ° 21.252.
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Con esta moción están buscando que no procedan penalmente con los infractores, porque significaría un gran costo para el Estado, además en varios casos no hubo dolo, si no meras equivocaciones: “Es una situación que obedece a razones equívocas, no hubo dolo en la inmensa mayoría, no es justo que se les sancione penalmente. Además, no es conveniente dirigir todo el esfuerzo del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, cuando hay otras causas y exigencias de orden penal, que son mucho más importantes para el país, como atacar la delincuencia”,
El proyecto de artículo establece: “Concédase amnistía a favor de las personas que al 01 de octubre de 2020 hayan cometido infracción al presentar la declaración jurada a la que hace referencia el artículo 6 ° de la Ley N ° 21.252 que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica”.
Fundamentos de la amnistía
Como parte de los argumentos expuestos por los parlamentarios para ingresar el citado proyecto, se hace presente que: la Fiscalía Nacional remitió un oficio al Servicio de Impuestos Internos solicitándole el envío de la información de estas casi 500.000 personas, con el objeto de analizar si correspondía abrir una investigación penal por distintos delitos, tales como fraude de subvenciones, perjurio, entre otros. Y también el Consejo de Defensa del Estado estaría estudiando la situación, particularmente referida a los funcionarios públicos que incurrieron en esta infracción.
Con esto, indican, “la potestad penal del Estado se estaría activando en contra de cerca de 500.000 personas, lo que es una situación inédita en nuestro país, considerando la forma en que se difundió la información referida al beneficio otorgado, como también a las características del mismo”.
Información de metroworldnews.cl
