El Ministerio Público abrió un expediente en 2016 por un presunto fraude al fisco, por medio de triangulación de fondos de las asesorías externas de algunos diputados.
A raíz de esto, un reportaje de Ciper develó los nombres de algunos parlamentarios involucrados, quienes usaban los montos para pagar a particulares, institutos o fundaicones ligadas a sus partidos políticos, incluso con informes plagiados de internet.
Cuatro años después, el ex fiscal Carlos Gajardo alertó que hay un incentivo “para no meterse con estas altas autoridades, porque el día de mañana pueden obviamente torpedear su ascenso en la institución”.
En medio de la investigación, se conoció que al menos 20 diputados de la UDI traspasan dineros del Estado con informes copiados, por un contrato con una fundación ligada a a la organización política.
“20 parlamentarios tienen el mismo informe y cada uno pagó por ese mismo informe. Son idénticos en contenido y en redacción”, indicó la periodista Silvia Oramas.
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Según los reportes, los diputados transfirieron al menos 10 millones de pesos por informe en el mes enero, con documentos exactamente iguales a la Fundación Jaime Guzmán.
Luego de rechazar la entrevista, la organización emitió un comunicado: “la Fundación Jaime Guzmán tiene un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan $500 mil cada uno para la realización de nuestros labores. Debido a que es un solo contrato, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la fundación en el mes de corresponda”.
El diputado Osvaldo Urrutia indica que el partido tiene contratada una “cantidad importante” de asesores legislativas en varias materias, incluyendo educación, salud y vivienda.
También se reveló que estos oficios emitidos desde enero, que además incluyen una sugerencia de voto, han significado un gasto fiscal de más de 79 millones de pesos.
Asimismo, el funcionario que ha transferido mayor cantidad de dinero ha sido el ministro vocero del gobierno, Jaime Bellolio, quien pagó alrededor de $4.900.000 de fondos públicos entre enero y julio de este año.
Respecto a esto, Bellolio no accedió a ofrecer declaraciones y envió una misiva, donde afirma que “los trabajos encargados al área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán cumplen absolutamente las disposiciones y exigencias de la Cámara de Diputados y sus asesorías, cuyos informes fueron entregados en tiempo y forma, respondían enteramente a lo requerido”.
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El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, considera que no son necesarios estos informes mensuales para el ejercicio legislativo, pues “no se justifican para la labor parlamentaria”.
Asimismo, se reveló un documento por el que los diputados UDI pagaron en conjunto en el mes de julio $9.900.000 pesos. Son 255 páginas que convertidas a un formato normal de Word, con letra tamaño 12, se transforman en menos de 100.
Lo más sorprendente es que que gran parte de esta información se puede encontrar en la misma página web de la Cámara de Diputados.
“Este es un boletín de la Cámara de Diputados y este es el informe que estábamos analizando. Si te das cuenta, solo cambiaron la primera frase. Lo demás es idéntico y esto ocurre en varios textos más del informe y de otros informes”, aseveró la periodista Oramas.
“Acá lo que existe es un mal uso de un sistema que debiese ser absolutamente residual. Un Congreso moderno lo que debiese tener, y que lo tiene nuestro Congreso, es una biblioteca que provea de esta información a los parlamentarios y que en caso solamente muy específicos con autorizaciones muy específicas se pueda recurrir a estos informes externos”, indicó Precht.
Asimismo, Gajardo expresa que existe una forma incorrecta de financiar a una institución o fundación que apoya a parlamentarios. “Tendría que tener formas de financiarse mucho más transparentes”.
También existen otros documentos mensuales a nombre de la misma fundación. Jaime Bellolio era el único que pedía todos los meses un informe extra, y transfería otros $200 mil fijos.
“La verdad es que no tienen mucha razonabilidad más allá de un gasto excesivo de recursos públicos, es lo que hoy ocurre en el Congreso Nacional”, señala Precht.
Sumando todas las transferencias registradas desde marzo de 2018, fecha desde la que está disponible la información, los 20 diputados de la bancada UDI han traspasado hasta ahora $333.200.000 de fondos fiscales a la fundación vinculada a su propio partido.
El Ministerio Público anunció recientemente la incautación de boletas y otros documentos de contabilidad desde el Instituto Libertad, en el marco de la misma investigación por los dineros de las asesorías parlamentarias.
Información de CNN Chile
