El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha salido al paso de las críticas surgidas por la compra de 22 vehículos de lujo, marca Lexus, destinados a ministros de la Corte Suprema.

Esta adquisición, que ha generado amplio debate público, resalta la autonomía con la que el Poder Judicial maneja su presupuesto, una situación que el Ejecutivo observa desde la distancia sin capacidad de intervención directa.

El Ejecutivo Frente a la Decisión de la Suprema

“El gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma de ellos”, enfatizó Marcel, subrayando la independencia presupuestaria del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.

Esta aclaración viene en un momento donde la opinión pública cuestiona el uso de fondos para la adquisición de autos de alta gama, con un costo que supera los 1.200 millones de pesos.

Para ilustrar su punto de vista y tal vez ofrecer una crítica velada a la decisión de la Corte Suprema, Marcel compartió un dato personal: “Yo tengo un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”, destacando la disparidad entre la austeridad personal y el lujo institucional.

Dudas Sobre la Autorización de la Compra

La autorización para este considerable gasto aún es objeto de confusión. Mientras desde el Poder Judicial se sugiere que hubo aprobación por parte de la Dirección de Presupuestos, vinculada al Ministerio de Hacienda, Marcel desmiente tal aseveración.

Según él, la Ley de Presupuestos 2024 no contempla asignaciones para la renovación de la flota vehicular de esta entidad estatal.

La compra de los vehículos Lexus por parte de la Corte Suprema pone en relieve no solo la autonomía presupuestaria del Poder Judicial sino también las expectativas de responsabilidad y moderación en el uso de fondos públicos.

Este episodio invita a una reflexión más profunda sobre la gestión de los recursos estatales y la percepción de la ciudadanía respecto a la prudencia y la eficiencia en el gasto público.