Un fallo contundente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha sacudido la investigación del caso Procultura. El tribunal resolvió declarar como ilegal la interceptación telefónica que se llevó a cabo en contra de la psiquiatra Josefina Huneeus, por lo que se ordenó eliminar toda la información obtenida mediante esa vigilancia, incluida una conversación con el Presidente Gabriel Boric que llegó a filtrarse a los medios.

La decisión del tribunal responde a un recurso de amparo presentado por Huneeus, quien acusó al Ministerio Público de intervenir su teléfono aludiendo falsamente que pertenecía a su exmarido, Alberto Larraín, director de la Fundación Procultura. Pese a que se descubrió que era ella quien usaba el número, el fiscal a cargo, Patricio Cooper, mantuvo activa la interceptación.

Cuestionamientos severos al actuar del fiscal

Críticas al procedimiento de investigación

El fallo fue firmado por los ministros Virginia Soublette, Jaime Rojas y el fiscal judicial Rodrigo Padilla, quienes emitieron duras críticas al desempeño del fiscal Cooper. En su resolución señalaron que el persecutor no entregó fundamentos suficientes para justificar la medida de interceptación.

Además, expresaron su sorpresa por la incapacidad de los agentes policiales para notar que se trataba de una voz femenina. En el documento judicial se lee que sus justificaciones “subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República”.

Comparaciones con la dictadura

La sentencia va incluso más allá al comparar este tipo de prácticas con episodios de vulneración de derechos en el pasado autoritario del país. “No solo se ha infringido la obligación general de fundamentación (…) sino que se han validado actuaciones policiales, al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”, afirmaron los jueces.

El impacto político de la filtración

La polémica se encendió luego de que se hiciera pública una conversación privada entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric. Era la primera vez que se conocía una comunicación directa del mandatario relacionada con el caso Procultura.

La filtración generó un fuerte malestar en el Frente Amplio, coalición que no tardó en reaccionar. En un comunicado oficial, denunciaron un posible “espionaje político”, elevando el tono de la controversia y poniendo en tela de juicio el accionar de la Fiscalía.

Este fallo marca un precedente importante sobre los límites que deben observar los órganos persecutores en investigaciones penales, especialmente en casos de alta connotación política. Además, evidencia serias deficiencias en los protocolos de interceptación telefónica, poniendo en entredicho prácticas que la Corte consideró arbitrarias y propias de otras épocas.