Un nuevo proyecto presentado en el Senado ha desatado una ola de críticas por parte de periodistas, expertos y figuras políticas, quienes advierten que la iniciativa representa un riesgo directo para la libertad de expresión en Chile. Apodada por sus detractores como la “Ley Mordaza 2.0”, la propuesta pretende sancionar penalmente la divulgación de información reservada en procesos judiciales, incluyendo a quienes la difundan públicamente, como medios de comunicación o incluso usuarios de redes sociales.

El proyecto es impulsado por los senadores Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Pedro Araya (PPD) y Alfonso de Urresti (PS), y ha generado amplio rechazo en distintos sectores.

¿Qué busca esta nueva normativa?

Según información de La Tercera, la moción —que tramita bajo el boletín 17.484-07— se presenta como una “protección de antecedentes en procesos penales”. En la práctica, busca castigar con penas de cárcel a quienes difundan datos protegidos por el secreto judicial.

Esto incluiría evidencia como testimonios, peritajes, chats u otras diligencias, muchas veces claves en investigaciones mediáticas como ProCultura o el Caso Audio.

¿Por qué se le llama “Ley Mordaza 2.0”?

El apodo tiene antecedentes. En 2016, luego de los escándalos de Penta y SQM, se presentó una ley similar que buscaba sancionar tanto a quienes filtraran información judicial como a quienes la publicaran. Aquel intento fracasó tras un fuerte rechazo ciudadano y mediático, pero hoy la historia parece repetirse, de ahí el calificativo de “2.0”.

La polémica del artículo 226 J

Uno de los puntos más discutidos es la redacción del artículo 226 J del Código Procesal Penal, que plantea sancionar con presidio de entre 541 días y 5 años a quienes divulguen antecedentes de investigaciones sujetas a secreto.

El problema está en que la norma no distingue entre funcionarios públicos y terceros, por lo que cualquier persona —incluso periodistas o ciudadanos— podría ser sancionada, sin importar el medio de difusión.

Aunque más adelante el texto menciona a fiscales, policías y testigos, la falta de una exclusión explícita para la prensa ha sido duramente criticada por especialistas en libertad de expresión, quienes consideran que criminaliza el ejercicio periodístico.

¿Qué argumentan los senadores que apoyan la iniciativa?

Desde el Senado, los autores del proyecto justifican la iniciativa señalando que la actual transparencia del sistema penal ha derivado en filtraciones usadas con fines políticos o personales, afectando la presunción de inocencia y la privacidad de víctimas o testigos.

Como ejemplo, mencionan el caso de Giséle Pelicot en el extranjero, donde aseguran que, pese al interés público, no se filtró información. Sin embargo, expertos locales contradicen esta visión y aclaran que la cobertura mediática sí existió y que la normativa internacional no contempla sanciones para periodistas.

Rechazo transversal al proyecto

La propuesta ha sido duramente cuestionada por el Colegio de Periodistas, además de varias figuras del mundo político. Entre quienes han expresado su rechazo están Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Carolina Tohá, Jeannette Jara y Jaime Mulet, quienes coinciden en que el proyecto vulnera principios fundamentales de la libertad de prensa.

Asimismo, juristas han advertido que ciertos artículos podrían chocar con normas constitucionales, lo que complicaría su aprobación en el Congreso.

¿Qué sigue para la “Ley Mordaza 2.0”?

Actualmente, la moción se encuentra en revisión por parte de la Comisión de Constitución del Senado, que le ha dado una tramitación rápida. Sin embargo, aún no ha sido sometida a votación en sala, por lo que su destino aún está por definirse.

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Mientras tanto, crece la presión desde distintos sectores para frenar lo que muchos consideran una amenaza directa al periodismo y a la transparencia pública.