Explota nuevo escándalo por licencias médicas: 44 médicos extranjeros y más de 3.500 funcionarios bajo la lupa
Contraloría detecta a más de 3.500 funcionarios con licencias médicas emitidas por médicos investigados por fraude entre 2020 y 2022.
Un nuevo y grave hallazgo sacude al sector público chileno. La Contraloría General de la República (CGR) detectó que más de 3.500 funcionarios estatales habrían hecho uso de licencias médicas emitidas por médicos actualmente bajo investigación por fraude, lo que podría derivar en sanciones administrativas y penales.
El descubrimiento surge tras el cruce de datos con información entregada por la Fiscalía Nacional, que desde hace meses indaga a 44 médicos, todos de nacionalidad extranjera, por la supuesta emisión irregular de permisos médicos.
Más de la mitad de los beneficiados sigue activo en el Estado
El informe emitido por Contraloría reveló que, entre 2020 y 2022, se entregaron 10.111 licencias médicas sospechosas. Al revisar los datos, se descubrió que 6.632 personas recibieron estos documentos, de las cuales 3.532 son funcionarios públicos actualmente en ejercicio, según el corte realizado en junio de 2025.
Además, el reporte detalló que un 79% de estas licencias tenían diagnósticos asociados a salud mental, acumulando 192.781 días de reposo autorizados, una cifra que llamó particularmente la atención de las autoridades.
¿Quiénes recibieron estas licencias?
Los permisos médicos investigados fueron utilizados por trabajadores de distintos organismos estatales, incluyendo:
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Carabineros y otras entidades de orden y seguridad
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SLEP (Servicios Locales de Educación Pública)
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Incluso algunas instituciones privadas
El problema no se detuvo en 2022. La CGR también informó que 5.284 trabajadores volvieron a presentar licencias entre 2023 y 2025, y en 1.208 de esos casos, los permisos fueron otorgados por seis médicos que ya estaban siendo investigados por el Ministerio Público.
Médicos sin autorización para ejercer en el sistema público
Otro punto crítico revelado por Contraloría es que, de los 44 médicos implicados, diez trabajaron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024. Cinco de ellos no contaban con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), requisito indispensable para ejercer en el sistema público de salud.
Ante esta situación, la entidad anunció que los servicios públicos que contrataron a médicos sin el Eunacom deberán justificar esta irregularidad, ya que implica una infracción directa a las normativas vigentes.
Se ordenan sumarios administrativos
Como parte de las medidas adoptadas, la Contraloría anunció que comenzará a notificar a las instituciones públicas que actualmente emplean a los 3.532 funcionarios involucrados, con el fin de que inicien sumarios administrativos correspondientes.
“Toda vez que como en estos casos existe una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa de los mismos no habría prescrito”, advirtió el organismo fiscalizador.
