El presidente Gabriel Boric anunció el cierre de Punta Peuco como penal especial, que pasará a ser una cárcel común en Chile.
Durante la jornada de este lunes, el presidente Gabriel Boric realizó un importante anuncio desde el Palacio de La Moneda: el penal Punta Peuco dejará de tener un régimen especial y será convertido en una cárcel común.
Con esta medida, el mandatario cumple con el compromiso asumido durante su última Cuenta Pública, dando fin a una de las instalaciones más simbólicas del país por albergar a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
“Se acaba Punta Peuco como penal especial”
En su declaración, el jefe de Estado explicó que la decisión fue formalizada por la Contraloría General de la República, que “ha tomado razón del decreto (…) a disposición de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”, señaló, según consignó La Tercera.
Boric fue categórico al enfatizar que “se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años”, subrayando que mantener ese estatus diferenciado “no tenía justificación alguna”.
Un cambio con sentido de justicia y eficiencia
El mandatario explicó que la transformación del penal responde tanto a criterios de administración como a una decisión ética.
“Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia (…) Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”, recalcó.
De esta manera, el gobierno busca unificar las condiciones penitenciarias en todo el país, eliminando los beneficios que durante décadas distinguieron a los reclusos de Punta Peuco del resto de la población carcelaria.
Historia y características del penal
El penal Punta Peuco fue inaugurado en 1995, durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con el propósito de recluir a condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Ubicado en la comuna de Til Til, a unos 44 kilómetros al norte de Santiago, el recinto tiene una capacidad aproximada para 130 internos, y durante años fue motivo de controversia por las condiciones diferenciadas con las que cumplían sus condenas los reclusos allí alojados.
Con esta determinación, el gobierno busca cerrar un capítulo histórico y reafirmar el principio de igualdad ante la ley, marcando un precedente en materia de justicia y memoria en Chile.