Un masivo operativo destapó una red de corrupción en cárceles del país, con decenas de gendarmes detenidos y un mercado ilegal interno.
Un amplio operativo policial sacudió la madrugada de este martes al sistema penitenciario chileno. Un total de nueve cárceles fueron allanadas de forma simultánea, dejando al descubierto una compleja red de corrupción que operaba al interior de Gendarmería y que terminó con más de 77 personas detenidas, entre ellas 42 funcionarios.
El procedimiento, que se extendió por varias regiones del país, permitió revelar un esquema ilegal que funcionaba desde hace tiempo y que tenía como epicentro uno de los penales más grandes del país.
La “Operación Apocalipsis” y el corazón del fraude
La investigación, bautizada como “Operación Apocalipsis”, dejó al descubierto que funcionarios del penal Santiago 1 facilitaban el ingreso de drogas, alcohol, teléfonos celulares, alimentos y otros beneficios a personas privadas de libertad, todo a cambio de pagos en dinero.
Según los antecedentes recabados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, al interior del recinto existía un verdadero mercado negro, organizado y con precios previamente establecidos, que era administrado por un grupo de gendarmes.
El tarifario ilegal dentro de Santiago 1
De acuerdo con información revelada por Ciper, los cobros por ingresar productos o entregar beneficios carcelarios estaban claramente definidos. Entre los valores detectados se encontraban:
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Un kilo de carne tipo huachalomo: $60.000
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Una palta: $10.000
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Tarro de atún desmenuzado: $5.000
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Un kilo de arroz: $20.000
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Dos paquetes de tallarines + dos salsas: $50.000
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Teléfono celular: entre $350.000 y $400.000
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Cargador de celular: $50.000
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Chip telefónico: $15.000
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Ingreso de personas indocumentadas: $60.000
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Uso del baño para relaciones sexuales: $15.000
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Cambio de módulo: $100.000
Este sistema funcionaba como una economía paralela dentro del penal, donde todo tenía un precio.
Allanamientos y reventa de especies incautadas
La investigación también estableció que algunos funcionarios realizaban allanamientos en los módulos para requisar teléfonos celulares a los internos, los que posteriormente eran revendidos dentro de la misma cárcel.
En ciertos casos, estos dispositivos alcanzaban valores de hasta $1,5 millones, multiplicando varias veces su precio original.
Sobornos y pagos en efectivo o transferencias
Otro antecedente que llamó la atención de los investigadores fue el ingreso de un hervidor cuyo valor comercial era de $15.000, pero por el cual los gendarmes recibieron $150.000 como soborno.
Los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias, lo que permitió seguir el rastro del dinero y fortalecer la investigación penal.
Una red que se extendía por varias regiones
Si bien el núcleo de la organización operaba principalmente en Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, las diligencias confirmaron que el esquema corrupto se extendía a otras cárceles del país.
Entre las regiones involucradas figuran O’Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, lo que da cuenta de la magnitud del entramado delictual.
El caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se conozcan nuevas formalizaciones y eventuales sanciones, en uno de los mayores golpes contra la corrupción carcelaria en los últimos años.