Polémica por cirugía de urgencia a la madre de la ministra de Salud reabre debate político y motiva oficios a Contraloría.
Una intervención médica realizada a fines de diciembre desató un fuerte remezón político. La denominada “cirugía exprés” practicada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, abrió cuestionamientos desde la oposición y derivó en exigencias formales para esclarecer eventuales irregularidades en el sistema público.
El caso involucra a Lucía Sanhueza Vargas, de 87 años, quien fue operada de urgencia tras sufrir una fractura de cadera en el Hospital del Salvador.
Una cirugía que encendió las alertas
La intervención se realizó el pasado 23 de diciembre y llamó la atención por la rapidez con que se ejecutó, considerando la extensa lista de espera quirúrgica existente. Esto generó críticas desde distintos sectores, que cuestionaron si el procedimiento fue priorizado en desmedro de otros pacientes.
Desde el recinto asistencial defendieron el actuar del equipo médico y aseguraron que todo se ajustó a la normativa vigente. Según indicaron, “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución”.
Asimismo, precisaron que “la paciente cumplía con los criterios técnicos y médicos necesarios para su ingreso a cirugía. La presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso. Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales”.
Nuevos antecedentes y dudas sobre la priorización
Pese al respaldo entregado por el Gobierno al comunicado del hospital, un reportaje de Reportajes T13 reveló información interna que volvió a encender la controversia.
Documentos del propio hospital consignan una advertencia donde se señala que la paciente fue ingresada a pabellón “por autorización de dirección”, sin que se completaran todos los procedimientos administrativos habituales.
En el registro de entrega de turno, realizado horas más tarde, también quedó asentado que la cirugía obligó a postergar una “reexploración de paciente laparotomizado”, es decir, una persona que cursaba una cirugía abdominal abierta.
Un desenlace que agravó la polémica
El paciente cuya intervención fue retrasada debió esperar para ceder el pabellón a la operación prioritaria. Tres días después, falleció en el mismo hospital producto de un shock séptico, hecho que intensificó las críticas y aumentó la presión política.
Ofensiva política y acciones anunciadas
Ante estos antecedentes, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente ingresaron un oficio a la Contraloría General de la República, solicitando una auditoría al Hospital del Salvador.
En paralelo, diputados del Partido Republicano emplazaron directamente al Presidente Gabriel Boric a pedir la renuncia de la ministra de Salud. Además, anunciaron la conformación de una comisión investigadora y la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.
Mientras avanzan las diligencias administrativas y políticas, el caso sigue sumando aristas y mantiene en el centro del debate público la equidad en el acceso a la salud y los criterios de priorización en la red hospitalaria.
