Ministro Jaime Gajardo criticó el proyecto aprobado en el Senado que permitiría a ciertos reos cumplir condenas en arresto domiciliario.
El reciente avance legislativo de un proyecto que propone modificar el cumplimiento de penas en Chile ha generado una fuerte controversia política. La iniciativa, aprobada en general por el Senado, plantea mecanismos que permitirían sustituir la cárcel por arresto domiciliario en determinados casos.
La votación provocó reacciones inmediatas desde el Gobierno, especialmente del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de la medida.
La crítica del ministro de Justicia tras la votación
Luego de la aprobación en la Cámara Alta, el titular de Justicia abordó el tema durante una entrevista en el matinal Contigo en la mañana. En esa conversación, explicó el impacto que la decisión tuvo en personas que presenciaban el debate desde las tribunas del Congreso.
Según relató, entre los asistentes había familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, quienes aún desconocen el paradero de sus seres queridos.
“Para ellos esto es un dolor que se mantiene y que ven que se está retrocediendo en algo que nuestro país ha ido avanzando. Para mí, personalmente, es algo que no me puede no conmover”, señaló.
El ministro también cuestionó el sentido de la iniciativa.
“este proyecto es realmente incomprensible”, afirmó, agregando que “es contrario a la política de persecución penal”.
Qué plantea el proyecto aprobado en el Senado
La propuesta legislativa busca regular la suspensión o el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. En la práctica, permitiría que ciertos condenados terminen su condena bajo arresto domiciliario.
Quiénes podrían acceder al beneficio
De acuerdo con lo explicado por el ministro Gajardo, la norma permitiría que personas mayores de 70 años soliciten cumplir el resto de su condena en sus domicilios.
“todas las personas condenadas, mayores de 70 años, podrían solicitar terminar de cumplir la condena en su domicilio”, indicó.
Entre quienes podrían acceder a este mecanismo se encuentran personas condenadas por delitos graves, como homicidios, femicidios, violaciones o narcotráfico. También podrían verse beneficiados condenados por crímenes de lesa humanidad.
Casos emblemáticos que podrían verse beneficiados
Durante la entrevista, el ministro también mencionó algunos ejemplos que, según explicó, podrían acceder a este beneficio bajo ciertas condiciones.
Entre ellos mencionó a Julio Pérez Silva, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”, condenado por el asesinato de 14 adolescentes.
“podría permitir que Julio Pérez, psicópata de Alto Hospicio, que asesinó a 14 adolescentes, siga cumpliendo la condena en su casa, con lo que eso significa para la comunidad y protección de víctimas y testigos”, advirtió.
Otros posibles beneficiarios
El ministro señaló que la norma también podría alcanzar a personas vinculadas al crimen organizado.
“Algunos criminales vinculados a crimen organizado, también podrían cumplir sus condenas en casa. También beneficiaría a quienes tienen enfermedades crónicas (10 mil) y personas en situación de discapacidad, que son miles”, explicó.
Dentro de los nombres que podrían calificar en el futuro o eventualmente para este beneficio aparecen figuras como:
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María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, condenada por múltiples homicidios.
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Hugo Bustamante, condenado por el femicidio de Ámbar Cornejo.
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Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos.
También se ha mencionado que personas condenadas por delitos económicos o ligados al crimen organizado podrían solicitar esta medida si cumplen los requisitos establecidos por la ley.
El cuestionamiento técnico al proyecto
Desde el Ministerio de Justicia también se han levantado reparos respecto al contenido técnico de la propuesta.
Según explicó Gajardo, durante la discusión legislativa se advirtieron varias falencias en el texto.
“el proyecto es tan malo técnicamente, que el ministerio de Justicia hizo ver todas estas deficiencias, junto con un informe de la Corte Suprema, el que es muy contundente”, afirmó.
Finalmente, el ministro insistió en que la iniciativa no sería necesaria dentro del actual marco legal.
“Este proyecto no es necesario para nuestro país, es opuesto a lo que hemos venido haciendo en el Congreso. No logro entender cómo se aprueba este proyecto en general”, concluyó.
Proyecto continuará su tramitación
Pese a las críticas que ha generado, el proyecto seguirá su proceso legislativo en el Senado. La Comisión de Derechos Humanos ya emitió un primer informe sobre la iniciativa.
Si logra avanzar en su discusión en la Cámara Alta, el texto deberá pasar posteriormente a la Cámara de Diputados para continuar su segundo trámite legislativo.