Un subsidio energético ideado para pymes amenaza con elevar las cuentas de luz residenciales. Conoce la trama detrás de los PMGD.
Lo que durante años fue una transferencia de recursos circunscrita a los grandes actores del mercado eléctrico, está a un paso de cruzar la barrera hacia la ciudadanía. A partir del año 2027, las facturas eléctricas de millones de familias comenzarán a absorber los sobrecostos derivados de un polémico beneficio energético, mimetizados bajo el concepto de “costos sistémicos” en los nuevos contratos de suministro.
La alarma por el alza en las cuentas
Javier Bustos, líder de Acenor, enciende las alertas sobre cómo esta distorsión afectará a la población común: “Hoy en día este costo que se genera por las compensaciones a las centrales PMGD […] a partir del próximo año también lo van a empezar a pagar los clientes regulados”.
El impacto dejará de ser exclusivo de las empresas. Al respecto, Bustos subraya: “Entonces también es algo que ya empieza a ser urgente no solamente para los industriales, el transporte, el gran consumidor de energía, sino también para el cliente residencial de sus hogares”.
Para el ciudadano de a pie, esta carga será ineludible. Hernán Calderón, timonel de Conadecus, advierte sobre la indefensión del usuario frente a estos cobros: “Ese costo sistémico los consumidores no tenemos ninguna posibilidad de rebajarlo”. Además, aclara la dinámica empresarial: “La generadora no lo va a asumir (…), lo traslada a costo sistémico”.
De pymes locales a colosos de Wall Street
Para entender el origen del problema, hay que mirar hacia los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Esta iniciativa nació con un propósito noble: descentralizar la red, impulsar la transición hacia energías limpias y dar protagonismo a pequeños emprendedores mediante instalaciones de hasta 9 MW.
Para anular el riesgo financiero, se implementó un “precio estabilizado”, que en la práctica opera como un subsidio blindado. Sin embargo, al garantizar retornos fijos, el mecanismo mutó de ser un incentivo para actores locales a convertirse en un imán para conglomerados financieros internacionales. En una década, la capacidad instalada saltó de unos modestos 200 MW a más de 3.000 MW.
La ingeniería financiera detrás del negocio
Hoy, gigantes como BlackRock, JP Morgan, Brookfield y Macquarie dominan este segmento. Expertos del sector eléctrico describen crudamente esta metamorfosis:
“Un desarrollador levanta el proyecto, lo encapsula en una sociedad por acciones y lo vende. El comprador no es un pequeño generador, sino un fondo de inversión. Ese fondo no compra uno, compra varios. Los agrupa, los ordena, los financia y los convierte en un portafolio. Las centrales están en Chile, inscritas en SpA locales. Pero el control –financiero, estratégico– está fuera”.
Una distorsión de 80 dólares y la parálisis normativa
El núcleo de esta rentabilidad asegurada radica en que a los PMGD se les abona incondicionalmente 80 USD/MWh. Esta cifra supera largamente los valores del mercado. La inequidad es flagrante: cuando hay un exceso de oferta solar y la red se congestiona, las grandes plantas de energía limpia reciben cero dólares, mientras que las instalaciones PMGD continúan cobrando su tarifa preferencial.
El polémico retiro de decretos
Para frenar esta anomalía, el Ministerio de Energía liderado por Ximena Rincón había impulsado cinco decretos —fruto de casi 36 meses de negociaciones con entidades estatales, el Consejo Minero, Acenor y consumidores—. Estos documentos pretendían que los PMGD también sufrieran recortes de producción en horarios de sobreoferta solar.
No obstante, la cartera de Energía retiró sorpresivamente los decretos desde la Contraloría hace pocos días. Voces ligadas al rubro acusan que este freno fue producto de un intenso cabildeo por parte de oficinas de abogados y exasesores económicos que hoy ocupan cargos en la administración pública.
Una factura multimillonaria en un contexto de crisis
El peso económico de este subsidio no es menor. Según un análisis de la firma Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría —solicitado por clientes libres como la minería chilena y la gran industria, quienes hoy costean 70 de esos 80 dólares—, el perjuicio económico ronda los US$ 500 millones anuales. De no corregirse, la cifra acumulada hasta el año 2034 superaría los US$ 4.600 millones.
Frente a la congelación de los decretos, desde el sector industrial mantienen la presión. Javier Bustos enfatiza la necesidad de retomar la senda técnica: “Esperamos que se puedan hacer los análisis y se continúe con los perfeccionamientos, algunos ya previstos e incluso otros que puedan mejorar el sistema”.
Toda esta tensión eléctrica transcurre en paralelo a otro gran dolor de cabeza para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: los cambios al Mepco y el impacto de los combustibles. Con la crisis en Medio Oriente como telón de fondo, tanto el precio de la gasolina como el inminente encarecimiento de la luz amenazan con asfixiar a una clase media y a un sector productivo que ya operan al límite de sus presupuestos.
Fuente: Elmostrador