Polémica por frase “Estado en quiebra” golpea al Gobierno y activa revisión de Contraloría.
Un intento por explicar el alza histórica en los combustibles terminó abriendo un flanco inesperado para el Gobierno. La utilización del concepto “Estado en quiebra” en piezas comunicacionales oficiales generó críticas inmediatas, obligó a rectificaciones internas y derivó incluso en la intervención de la Contraloría.
El episodio evidenció tensiones dentro del Ejecutivo respecto a cómo comunicar el complejo escenario fiscal.
Ministro de Hacienda desmarca al Gobierno
La polémica tomó mayor dimensión cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, rechazó públicamente el uso del término.
“Jamás ocuparía una palabra como esa”, afirmó, distanciándose del mensaje difundido en redes sociales oficiales.
Expertos también cuestionaron la expresión, señalando que hablar de “quiebra” podría interpretarse como la incapacidad de un país para cumplir sus compromisos financieros, afectando su credibilidad internacional.
Origen del mensaje y responsabilidades internas
Según antecedentes conocidos tras la controversia, el contenido habría sido elaborado por equipos de la Secretaría de Comunicaciones (Secom). Sin embargo, la responsabilidad política del mensaje habría recaído en el director de comunicaciones, Cristián Valenzuela, quien visó las piezas.
El estratega, cercano al Presidente desde la campaña, ya había estado en el centro de otra polémica tras calificar como “parásitos” a parte del aparato estatal en una columna de opinión.
Publicaciones eliminadas tras la controversia
Luego de las declaraciones de Quiroz, las cuentas oficiales del Gobierno comenzaron a eliminar las publicaciones donde se utilizaba la frase cuestionada. Incluso circuló material audiovisual que replicaba el mismo concepto, el cual también fue retirado.
El episodio dejó en evidencia una descoordinación comunicacional en medio de un tema sensible para la ciudadanía.
Contraloría interviene por uso de recursos públicos
La controversia escaló hasta la Contraloría General de la República, que ofició a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, para exigir antecedentes sobre las publicaciones difundidas.
El organismo solicitó precisar qué recursos del Estado fueron utilizados, así como identificar al personal involucrado en la elaboración de los contenidos, indicó La Cuarta.
Asimismo, requirió aclarar el respaldo normativo de los mensajes y los fundamentos fácticos de las afirmaciones realizadas.
Plazo acotado para responder
La entidad encabezada por Dorothy Pérez otorgó un plazo de cinco días hábiles para entregar la información requerida, abriendo un nuevo frente administrativo para el Ejecutivo.
Crisis comunicacional en medio de tensión económica
El episodio ocurre en un contexto marcado por el alza de combustibles y el debate sobre la situación fiscal del país. La controversia por el uso del concepto “quiebra” no solo tensionó al Gobierno, sino que también reactivó la discusión sobre los límites y responsabilidades en la comunicación pública.