Los conocidos diputados que estarían en serios problemas por ocultar millonarias deudas no declaradas
Denuncia por deudas universitarias complica a parlamentarios por posible omisión en declaraciones obligatorias.
Una acción judicial presentada por la Fundación Acción Ciudadana abrió un nuevo flanco para un grupo de parlamentarios, luego de que se cuestionara el manejo de sus deudas por créditos universitarios.
El recurso fue admitido por tribunales y, según antecedentes, ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público.
El foco de la denuncia
De acuerdo con lo informado por BioBioChile, el problema no radica en la existencia de las deudas en sí, sino en la eventual omisión de estas en las declaraciones de intereses y patrimonio.
Este documento es obligatorio para los legisladores y debe incluir todas las obligaciones financieras que superen cierto monto.
En la denuncia se señala: “La conducta denunciada reviste relevancia penal porque no se trata, prima facie, de datos ajenos, confusos o de difícil acceso para el declarante, sino de obligaciones personales, propias, vigentes y directamente conocidas por quien las contrajo”.
Obligación legal vigente
La normativa establece que los parlamentarios deben declarar sus deudas cuando estas superan las 100 UTM, es decir, cerca de $7 millones.
Según la presentación judicial, ninguno de los involucrados habría informado estas obligaciones, lo que motivó la acción legal.
Quiénes son los parlamentarios involucrados
Según información publicada por El Mercurio, entre los ocho parlamentarios aparecen representantes de distintos partidos y sectores políticos.
En la lista figuran:
- Claudia Reyes, con una deuda cercana a $38 millones.
- José Carlos Meza, con cerca de $16 millones.
- Sara Concha, con una mora de aproximadamente $1,5 millones.
También aparecen:
- Emilia Nuyado, con $6,2 millones.
- Francisco Crisóstomo, con $1,2 millones.
A ellos se suman:
- Carolina Tello, con $12,9 millones.
- Nathalie Castillo, con $27,8 millones.
- Héctor Ulloa, con $18,6 millones.
Investigación en curso
La causa ahora deberá ser analizada por el Ministerio Público, que evaluará si existe o no responsabilidad penal en la eventual omisión de información en las declaraciones obligatorias.
El caso se da en un contexto donde el debate sobre financiamiento educativo y cobro de créditos universitarios vuelve a estar en la agenda pública.
