Uno de los beneficios que reajustan sus montos en febrero es el Bono por Formalización del Trabajo, destinado a quienes provienen de familias vulnerables y se insertan en el mundo laboral formal.
La idea es reforzar la integración al empleo, ya sea de manera dependiente o independiente, pero incentivando la cotización en el sistema previsional y contribuyendo a la protección de trabajadores.
Proviene del Estado, pues en 2023 otorgará un monto que supera con creces los $200.000 y que recientemente fue incrementado según la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante 2022.
¿Cuál es el nuevo monto del Bono por Formalización del Trabajo?
Durante el 2022, entregó un monto equivalente a los $241.550, el que se entregó por única vez a las personas que cumplían las condiciones para ser beneficiarias.
Iniciado febrero, el Ministerio de Desarrollo Social informó que durante el presente año se otorgará un pago único de $269.191 a los respectivos destinatarios del bono.
Hubo un incremento exacto de $27.641, casi el doble del reajuste que hubo en febrero de 2022, cuando aumentó cerca de $14 mil.
¿Cuáles son los requisitos?
Está destinado a los participantes del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cumplan los siguientes requisitos:
- Sean mayor de edad.
- Participen individualmente o sean integrantes de una familia que participe de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
- Sean participantes efectivos del Acompañamiento Sociolaboral, es decir, estén participando de todas las actividades que le conforman.
- Registren al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).
El bono no tiene postulaciones, ya que se activa de forma automática en la medida que se cumplan los requisitos mencionados anteriormente.
La acreditación del cumplimiento de los requisitos la realiza directamente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a partir de las bases de datos y registros administrativos que le son informados por otros organismos del Estado, por lo que el interesado no debe llevar a cabo ningún trámite.
