Gobierno revisará beneficiarios de la PGU para Presupuesto 2027: Dipres cruzará datos de ingresos para evitar pagos indebidos.
El Gobierno anunció una exhaustiva revisión de la lista de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el marco del Presupuesto 2027. La medida busca verificar que los fondos públicos lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales establecidos.
Cruce de datos y requisitos de la PGU
Durante su exposición ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el director de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, detalló que se realizarán cruces de información sobre los ingresos de los adultos mayores y sus grupos familiares.
La normativa vigente exige, entre otras condiciones, no integrar el 10% más rico de la población. En este sentido, la autoridad planteó:
“¿Cuándo fue la última vez que miramos los ingresos para ver si se cumple esa regla?”, cuestionó el titular de la Dipres.
¿Se eliminará el beneficio previsional?
Desde el Ejecutivo descartaron una eliminación o modificación masiva del aporte estatal. Por el contrario, el proceso se focalizará en detectar casos puntuales donde se haya perdido la condición de vulnerabilidad socioeconómica.
“El análisis no apunta necesariamente a detectar dolo o mala intención, sino a comprobar que el gasto se ajuste a lo establecido por el legislador”, precisó Gómez frente a los parlamentarios.
El impacto fiscal y montos en juego
Actualmente, la Pensión Garantizada Universal llega a más de 2,2 millones de personas y representa un gasto fiscal anual cercano a los US$5.800 millones. Por esta razón, el control de la entrega resulta clave para las arcas fiscales:
“Si es que, por ejemplo, se lograra ahorrar 1 o 2% para ser muy transparentes solamente detectando mal uso, entonces en la práctica van a ser recursos importantes”, argumentó la autoridad sobre un eventual ahorro de hasta US$120 millones.
Finalmente, esta auditoría integrará el proyecto de ley de Presupuesto 2027, iniciativa que el Ministerio de Hacienda debe ingresar a tramitación en el Congreso Nacional antes del próximo 30 de septiembre.