La Fiscalía Regional de Aysén precisó el rol exacto que habría cumplido Camilo Huerta en la red criminal vinculada a la cadena Dispensario Nacional. De acuerdo con el ente persecutor, el exchico reality no operaba como cabecilla ni participaba en las plantaciones ilegales, pero sí ejercía labores clave de administración, gestión comercial y facilitación en la sucursal de Chicureo.

Las funciones atribuidas en la sucursal de Chicureo

De acuerdo con la orden de detención tramitada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público formalizó al preparador físico por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

En este sentido, la investigación sostiene que el profesor de Educación Física estuvo a cargo del funcionamiento diario del recinto comercial en Chicureo hasta agosto de 2025. Por esta razón, la Fiscalía descartó que actuara como un simple dependiente, posicionándolo como una pieza ejecutiva en la cadena delictiva:

• Control de inventario: coordinación del stock de variedades de cannabis y productos derivados dentro de la red.
• Fijación de precios: instrucciones de venta de vaporizadores con THC ($35.000) y cepas específicas como “Mimosa” ($36.000).
• Elusión de controles: coordinación para enfrentar fiscalizaciones de Carabineros de Chile sin contar con patente municipal al día.

Escuchas telefónicas clave y contacto con los líderes

Asimismo, los peritajes del departamento especializado OS-7 revelaron llamadas directas entre Huerta y los altos mandos de la organización, Gino Athens y Andrés Astorga.

En dichos diálogos, el imputado abordó la creación de nuevas firmas comerciales para expandir el rubro y coordinó cómo sortear fiscalizaciones policiales mediante documentos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

La ruta del dinero y la sociedad Grünwald SpA

Por otro lado, los informes patrimoniales detectaron movimientos bancarios sospechosos vinculados a las utilidades del local. En consecuencia, la Fiscalía acreditó que la firma Grünwald SpA —creada por Huerta como titular y representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos— recibió más de $51,2 millones desde la empresa matriz de la red ilícita.

Finalmente, los antecedentes reunidos por el OS-7 forman parte de la tesis acusatoria del Ministerio Público, la cual continuará su análisis probatorio en los tribunales de justicia.