Un estremecedor hallazgo remeció a la ciudad de Arica durante las últimas horas. El cuerpo de un menor de apenas 14 años fue encontrado calcinado en el sector de Las Llosyas, generando profunda conmoción entre los vecinos.

Con el avance de las diligencias, se confirmó que la víctima era un ciudadano chileno identificado como Benjamín Ortiz Ríos, quien se encontraba bajo la tutela del servicio Mejor Niñez.

Un crimen que impacta por su crudeza

Los antecedentes preliminares indican que el adolescente fue hallado amarrado y que la causa de muerte estaría asociada a un ahorcamiento. El cuerpo no fue ocultado, sino que fue quemado en el lugar, situación que habría sido advertida por personas que transitaban por el sector.

El fiscal regional Mario Carrera se refirió a la gravedad del caso y sostuvo que “la forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones delictuales”.

No intentaron esconder el cuerpo

El persecutor también entregó detalles sobre la escena del hallazgo, recalcando que el actuar de los responsables no apuntó a encubrir el crimen.

Según explicó, el menor “no estaba enterrado ni en otras circunstancias donde se hubiera intentado ocultar su cuerpo, sino que se calcinó y hubo personas que vieron eso. Se dio aviso a la policía y obviamente ahí dimos inicio a la investigación”.

La Fiscalía no descarta que el hecho esté vinculado al tráfico de drogas, línea investigativa que se encuentra en pleno desarrollo.

Una víctima bajo protección del Estado

Benjamín Ortiz Ríos debía residir en un centro de administración directa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, se había fugado del recinto antes de su muerte.

Desde la institución, su director Claudio Castillo abordó la situación y reconoció la complejidad del caso. “Obviamente nos estamos enfrentando a algo que va mucho más allá de la capacidad que tiene el Servicio de Protección de Menores”, afirmó.

Las gestiones previas a su hallazgo

Castillo detalló que el equipo responsable activó los protocolos correspondientes tras la fuga del adolescente.

“El equipo a cargo realizó todas las gestiones necesarias. Se coordinaron respuestas desde el interceptor, se hicieron las búsquedas, nuestros equipos se desplegaron en este proceso. Por lo tanto, este es un caso que va más allá de la capacidad de lo que podemos responder, y por cierto, esto también implica una exposición al riesgo por parte de nuestros trabajadores”, señaló.

Preocupación por posible rearticulación de bandas

El fiscal Carrera también manifestó inquietud por el contexto en que se produjo el crimen. “lo que no nos habíamos topado es que esto afectara a un chileno. Cuando hablamos de los crímenes anteriores normalmente teníamos como víctima a ciudadanos extranjeros, en particular venezolanos”, explicó.

Además, advirtió que “Una de las cosas que más nos preocupa en este tipo de hechos, es que se pudieran estar reagrupando bandas que, bajo nuestro criterio, están desarticuladas u operando en su mínima expresión”.

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El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad ariqueña intenta asimilar un hecho que vuelve a poner en debate la seguridad y la protección de menores en contextos de alta vulnerabilidad.