Una carabinera y un militar integraban una red criminal jamás vista en Chile: el método que usaban dejó a la PDI en shock
La Operación 3D desbarató una inédita red de armas vinculada a uniformados. ¿Cómo lograban fabricar y distribuir su arsenal?
La Operación 3D permitió desarticular una extensa organización dedicada a fabricar y comercializar armas de fuego mediante impresoras tridimensionales, estructura que también estaría vinculada al tráfico de armamento convencional, municiones y accesorios prohibidos. Entre los involucrados aparecen una carabinera y un funcionario del Ejército.
Operación 3D dejó 58 personas imputadas
La investigación fue desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) junto con la Fiscalía Supraterritorial y se encontraba activa desde 2024.
El operativo terminó con 58 personas imputadas por su presunta participación en la red. De ese total, 45 fueron capturadas durante los procedimientos realizados en diferentes puntos del país.
Otros siete involucrados ya permanecían privados de libertad por delitos graves, entre ellos homicidios y secuestros, por lo que deberán enfrentar la comunicación de cargos mediante conexión telemática.
La causa también considera a ocho menores de edad y cuatro ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana y colombiana, de acuerdo con los antecedentes expuestos tras la operación.
Más de 100 detectives participaron en los allanamientos
Las diligencias se desplegaron en más de 12 regiones y requirieron la participación de más de un centenar de funcionarios de la PDI.
Los investigadores realizaron allanamientos simultáneos para detener a los integrantes de la estructura, recuperar armamento y reunir evidencias sobre la fabricación, distribución y venta de las especies.
La magnitud del procedimiento convirtió a la Operación 3D en uno de los casos más amplios investigados en Chile respecto del uso criminal de esta tecnología.
El método inédito utilizado para fabricar las armas
La principal particularidad de la organización era el empleo de impresoras 3D para producir armas de fuego, cargadores, piezas y otros componentes elaborados con polímeros.
Esta modalidad permitía fabricar partes del armamento fuera de los circuitos tradicionales de comercialización, dificultando su rastreo y facilitando su ensamblaje clandestino.
Durante los procedimientos fueron decomisadas más de 70 armas de fuego. Al menos 14 de ellas habrían sido construidas mediante impresión tridimensional.
Los equipos policiales también encontraron municiones, silenciadores, explosivos y diversos elementos utilizados para fabricar, modificar o aumentar la capacidad de las armas.
Fiscalía calificó el procedimiento como novedoso
El fiscal regional Miguel Ángel Orellana destacó la complejidad de la investigación y el desafío que representa el uso de nuevas tecnologías por parte del crimen organizado.
La autoridad calificó el procedimiento como “sumamente novedoso”, debido a que permitió identificar una cadena completa de producción y comercialización de armas impresas en 3D.
La investigación deberá establecer ahora cuántas de estas especies fueron utilizadas en otros delitos y cuál fue el destino de las unidades distribuidas en diferentes regiones.
Así comercializaba el armamento la organización
Los integrantes de la red utilizaban Facebook, WhatsApp, Telegram y servicios de mensajería encriptada para ofrecer las armas, negociar sus precios y coordinar las entregas.
El contacto a distancia les permitía ocultar sus identidades y mantener separados a quienes fabricaban las piezas de aquellos encargados de concretar las ventas.
Una vez acordada la operación, el armamento, las municiones y los componentes eran enviados a través de empresas de courier hacia distintos lugares del territorio nacional.
Las diligencias también permitieron reconstruir la forma en que la estructura obtenía recursos, distribuía las funciones internas y presuntamente ocultaba el origen del dinero generado por el negocio ilegal.
Carabinera y militar quedaron en prisión preventiva
Entre las personas vinculadas a la Operación 3D figura una funcionaria de Carabineros, quien fue formalizada por los delitos de asociación criminal y cohecho.
También aparece un integrante del Ejército, investigado por tráfico ilícito de armas y municiones.
Ambos habían sido formalizados antes del operativo principal y permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Indagan posibles vínculos con otras bandas
La PDI y la Fiscalía Supraterritorial sostuvieron que la estructura investigada fue desarticulada. Sin embargo, las diligencias todavía no han terminado.
Los equipos especializados deberán determinar si la organización abastecía directamente a bandas involucradas en homicidios, secuestros, narcotráfico u otros delitos violentos.
También se buscará identificar posibles ramificaciones de la red y establecer dónde terminaron las armas que fueron enviadas a distintas regiones mediante servicios de encomienda.
Los nuevos antecedentes sobre las funciones de cada imputado serán expuestos durante las respectivas audiencias de formalización.
