“Estos dineros nunca se pagaron con…”: Luis Hermosilla soltó la bomba y salpicó a Sebastián Piñera
Luis Hermosilla reconoció ante la Fiscalía de Valparaíso que recibió pagos en efectivo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y entregó nuevos antecedentes sobre nombramientos judiciales.
Luis Hermosilla comenzó a colaborar con la justicia. El abogado declaró ante la Fiscalía Regional de Valparaíso y reconoció que recibió pagos en efectivo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Su testimonio, de 20 páginas, abre un nuevo capítulo en la investigación por presunta corrupción en nombramientos judiciales.
La declaración se produjo el pasado 27 de agosto. Hermosilla llegó hasta el Ministerio Público junto a dos abogados de su defensa. Allí respondió las preguntas de la fiscal Claudia Perivancich y del equipo investigador, que también integra a la PDI.
Luis Hermosilla detalló dos tipos de ingresos
El penalista primero aclaró su sueldo formal. Como asesor externo del Ministerio del Interior, en tiempos de Andrés Chadwick, emitía boletas de honorarios. Recibía un millón de pesos mensuales por transferencia, tras entregar un informe genérico de sus labores.
Pero había otro pago paralelo. Según su relato, el entonces presidente Piñera habría ordenado una coordinación con los abogados que defendían a altas autoridades del gobierno. El objetivo era conocer en detalle las causas del estallido social y de la pandemia.
Pagos en efectivo y sin boletas
Aquí aparece el punto más delicado. Hermosilla declaró que él y el abogado Samuel Donoso habrían recibido cerca de 100 UF mensuales cada uno. Los montos se acumulaban y se entregaban en efectivo cada tres meses.
Normalmente Donoso recibía el dinero y luego le pasaba su parte. Los encargados de las entregas habrían sido Benjamín Salas y, después, Andrés Sotomayor, asesores del entorno presidencial.
El abogado aseguró que nunca emitió boletas por esos dineros y que desconoce su origen. Además, precisó que nunca conversó directamente con Piñera sobre los pagos: la información le habría llegado a través de Chadwick o de Salas.
Los pagos habrían seguido tras el fin del gobierno
Según su versión, las entregas se extendieron desde fines de 2020 hasta mediados de 2022. Es decir, continuaron después de que Piñera dejara La Moneda, ya que “el encargo era de él”. En esa etapa, los pagos se hacían en la oficina privada de Sotomayor.
Los chats extraídos de su teléfono respaldarían esa cronología. En uno de los mensajes, Salas escribió: “Tengo vuestras gratificaciones trimensuales jajaja”.
El entorno de Samuel Donoso respondió con matices. Cercanos al abogado señalaron que los pagos coinciden con honorarios recibidos, pero aseguraron que él “declaró y pagó todos los impuestos”.
Luis Hermosilla apuntó a Zaliasnik y Donoso
La declaración no se limitó al dinero. Hermosilla también describió cómo se conversaban los nombramientos de jueces. Dijo que hablaba de ternas con Donoso, Gabriel Zaliasnik y Héctor Mery, entonces jefe de la División Judicial del Gobierno.
Sostuvo que a él solo le interesaban las cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso. Y afirmó que Zaliasnik, hoy embajador en Israel, tenía más acceso que él a ministros de cortes de apelaciones e incluso de la Corte Suprema.
Estos antecedentes son materia de investigación. No constituyen una conclusión judicial sobre los mencionados.
Una declaración que contradice versiones anteriores
El testimonio de Luis Hermosilla choca con lo que esos mismos abogados sostuvieron en 2019 y 2020, cuando se reportó que esas defensas se prestaban “ad honorem”.
Además, se suma a otros antecedentes de la saga. En julio pasado, el exfiscal Manuel Guerra reconoció una reunión a solas con Piñera en la casa de Chadwick, cita que el exministro había negado ante la Fiscalía. La defensa de Guerra prepara un juicio abreviado para el 7 de octubre.
La investigación de la Fiscalía de Valparaíso sigue abierta. Lo que declare Hermosilla en sus próximas comparecencias podría definir el rumbo de una de las aristas más sensibles del caso.
Esta nota se actualizará cuando la Fiscalía informe nuevos pasos en la investigación.
Los imputados mencionados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.