Sale a la luz revelador antecedente de asesor venezolano del gobierno: el hallazgo enciende las alarmas

Santiago Acosta Rajbe, asesor venezolano del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedó en el centro de una controversia por el reconocimiento de su título profesional en Chile. Una investigación periodística reveló que no figura en los registros consultados de abogados habilitados para ejercer en el país, pese a desempeñar funciones de asesoría en el Gobierno de José Antonio Kast.

El funcionario trabaja en la Dirección de Planificación Estratégica (Diplane) de Cancillería y, según los antecedentes publicados, percibe una remuneración mensual de $4.145.849 bajo una modalidad de contratación para expertos.

La situación abrió interrogantes sobre los requisitos exigidos para su nombramiento. Sin embargo, la ausencia de su nombre en determinados registros no demuestra, por sí sola, que su contratación sea ilegal.

Cuestionan a Santiago Acosta Rajbe por su título profesional en Chile

La controversia surgió a partir de una investigación original de Contrapoder Chile, que revisó antecedentes académicos y registros públicos relacionados con el asesor.

Acosta estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, donde obtuvo su título de abogado en 2018.

No obstante, al consultar el buscador de abogados del Poder Judicial chileno, el medio no encontró su nombre entre los profesionales registrados.

La investigación también señala que no apareció en la plataforma consultada de títulos extranjeros revalidados por la Universidad de Chile.

Ambos antecedentes plantean dudas sobre su eventual habilitación para ejercer como abogado en Chile, aunque no permiten descartar por completo la existencia de documentación adicional o trámites que no estén reflejados en esas búsquedas.

El cargo y sueldo de Santiago Acosta en Cancillería

Según los registros de Transparencia Activa examinados por Contrapoder, Acosta trabaja como asesor de la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta unidad participa en la elaboración de análisis y antecedentes para apoyar la definición de los objetivos de política exterior del país.

El reportaje indica que el funcionario recibe $4.145.849 mensuales y que su contratación corresponde a una modalidad destinada a personal experto.

Uno de los aspectos cuestionados es que, en el registro administrativo examinado, su nivel educacional aparece consignado como enseñanza media, pese a contar con estudios universitarios realizados en Venezuela.

Ese dato no prueba que carezca de formación profesional. Sí plantea la necesidad de aclarar qué documentación académica fue presentada al momento de contratarlo y cuáles fueron los criterios utilizados para acreditar su calidad de experto.

¿Un abogado extranjero necesita revalidar su título para trabajar en Chile?

Para comprender el caso es necesario distinguir entre tener un título obtenido en el extranjero, lograr su reconocimiento académico y estar habilitado para ejercer como abogado en Chile.

La Universidad de Chile explica que los abogados titulados en el extranjero deben completar un procedimiento de revalidación por el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, además de cumplir los requisitos posteriores para obtener el título profesional chileno.

Asimismo, el artículo 17 del reglamento de reconocimiento y revalidación de títulos extranjeros, publicado en febrero de 2026, establece que el otorgamiento del título profesional de abogado corresponde a la Corte Suprema.

Esto significa que un título universitario venezolano no habilita automáticamente para ejercer la abogacía en territorio chileno.

Sin embargo, también debe distinguirse entre ejercer una profesión regulada y desarrollar funciones de asesoría política, estratégica o internacional. No todas esas tareas requieren necesariamente estar habilitado como abogado.

Por ello, la pregunta central no es únicamente si Acosta figura en el registro judicial, sino qué funciones concretas desempeña y qué exigencias legales tiene el cargo para el cual fue contratado.

La explicación previa de Cancillería sobre el trabajo del asesor

El nombre de Acosta ya había aparecido en una investigación de El Mostrador, publicada el 6 de octubre, sobre las relaciones de funcionarios y asesores de Cancillería con organizaciones vinculadas a Estados Unidos.

En ese reportaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Acosta trabajaba en Diplane, apoyando la preparación y revisión de estudios e informes sobre el contexto internacional.

La cartera también aseguró entonces que su contratación se encontraba totalmente tramitada y registrada ante la Contraloría General de la República.

Esta respuesta ministerial constituye un antecedente administrativo relevante, pero no equivale a una certificación de revalidación de su título de abogado ni resuelve por sí sola las preguntas planteadas ahora sobre los requisitos de su nombramiento.

Hasta el momento, en los antecedentes revisados no aparece una explicación específica de Cancillería sobre la ausencia del asesor en los registros profesionales consultados por Contrapoder.

Los otros nombramientos cuestionados en el Gobierno

El caso de Santiago Acosta se conoce después de otras controversias relacionadas con contrataciones de asesores en la actual administración.

Uno de esos episodios involucró a Romer Rubio, exconcejal de Maracaibo y asesor de la Presidencia de la República, cuyo reconocimiento profesional también fue cuestionado.

Según los antecedentes publicados por Contrapoder, la Contraloría solicitó el 23 de septiembre documentación destinada a acreditar su calidad de experto y justificar las funciones que desempeña en el Segundo Piso de La Moneda.

Anteriormente, la contratación de Lucy Depablos Chacón como jefa de Comunicaciones del Servicio Civil también había generado cuestionamientos por sus antecedentes académicos y remuneraciones. La funcionaria terminó dejando el cargo durante septiembre.

Aunque las situaciones tienen elementos en común, cada nombramiento debe examinarse conforme a sus propios requisitos, documentos y funciones.

Por ahora, la investigación sobre Santiago Acosta Rajbe deja pendiente una aclaración fundamental: si su contratación exigía una habilitación profesional específica y cuáles son los antecedentes que el Ministerio de Relaciones Exteriores utilizó para respaldar su incorporación como asesor experto.