Crece el escándalo en La Moneda: confirman a un médico abusador y a un violador reiterado en las rebajas de penas de Kast

El escándalo por la rebaja de condenas otorgada durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast sumó nuevos antecedentes judiciales que agravan la crisis en La Moneda. Una investigación periodística reveló el perfil de cuatro de los 56 reclusos sentenciados por delitos sexuales que accedieron al beneficio mediante decretos exentos firmados por el titular del Ministerio de Justicia, Fernando Rabat.

Los registros revisados por el equipo de Reportajes Teletrece —cuyas identidades completas se mantuvieron bajo reserva para evitar la revictimización de los afectados— confirman que la nómina visada por el Ejecutivo incluyó a agresores con múltiples víctimas, crímenes perpetrados en el ejercicio profesional y ataques reiterados dentro del núcleo familiar.

El médico de O’Higgins y los tres casos en Valparaíso con rebaja de condenas

Entre los prontuarios identificados en esta rebaja de condenas figura un médico de la Región de O’Higgins a quien los tribunales sentenciaron en octubre de 2022 por cuatro delitos de abuso sexual cometidos contra sus pacientes durante las atenciones clínicas. El facultativo acumuló cerca de 20 denuncias de mujeres en su contra y, de acuerdo con los datos recabados en la investigación, ya se encontraría en libertad desempeñándose en un rubro distinto a la medicina.

Los otros tres expedientes corresponden a ilícitos perpetrados en la Región de Valparaíso. Uno de ellos involucra a un hombre perteneciente al entorno familiar de la víctima que cumplía pena por el delito de violación reiterada. En esa misma causa, el beneficio intrapenitenciario también favoreció a un segundo sujeto del círculo cercano que abusó sexualmente de aquella misma menor de edad.

El cuarto caso corresponde a un obrero sentenciado el 18 de diciembre de 2015 en la misma región porteña por delitos de abuso sexual, luego de comprobarse que atacó sexualmente al menos a cuatro personas distintas.

La defensa del Gobierno, la aclaración de la Suprema y la ofensiva contra Rabat

Del total de 56 internos favorecidos con las resoluciones administrativas —información destapada originalmente por el medio Interferencia—, 27 cumplían sentencia por abuso sexual y 29 por violación. Aunque no precisó una cifra exacta, el propio ministro Fernando Rabat admitió que la mayoría de ellos probablemente ya recuperó su libertad.

Mientras La Moneda ha defendido los actos administrativos argumentando que se ajustan a la legislación vigente y a criterios jurisprudenciales previos, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que el ministro de Justicia dictó los decretos en ejercicio de sus facultades legales, precisando que los tribunales solo intervienen para revisar estas decisiones cuando se presenta un recurso de amparo.

Frente al impacto político del caso, este viernes el Ejecutivo ordenó suspender la tramitación de nuevos decretos de reducción de pena. No obstante, desde las bancadas de oposición exigen la renuncia inmediata de Rabat y ya evalúan impulsar una acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados por su responsabilidad política al firmar los documentos.

Las tres aristas que marcan la crisis en el Ministerio de Justicia

La revelación de los prontuarios específicos de quienes accedieron a la rebaja de condenas instaló un complejo escenario institucional para la administración de José Antonio Kast, el cual se concentra en tres puntos clave:

• Firma de decretos exentos: El otorgamiento del beneficio regulado por la Ley 19.856 —disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional— se materializó por vía administrativa bajo la firma del secretario de Estado, sin que los casos pasaran por una resolución previa de los tribunales.
• Agresores con múltiples víctimas: Tanto el expediente del facultativo de O’Higgins como el del obrero condenado en 2015 en Valparaíso dan cuenta de patrones de reiteración delictual contra diversas personas antes de recibir la reducción de sus penas.
• Amenaza de juicio político: La paralización de las carpetas pendientes no frenó la ofensiva parlamentaria contra Fernando Rabat, quien enfrenta el sondeo de un libelo acusatorio por parte de los partidos opositores.

De esta manera, la controversia por el filtro aplicado en el gabinete ministerial continúa escalando en el Congreso y en la opinión pública. Con agresores reiterados ya fuera de la cárcel, el escándalo por la rebaja de condenas mantiene al titular de Justicia en el momento más crítico desde su arribo al gabinete.