Hoy caminan libres por Chile: destapan que el Gobierno acortó la condena de peligrosos reos venezolanos que decían ser del Tren de Aragua

Fernando Rabat enfrenta nuevos cuestionamientos por las rebajas de condenas concedidas a tres venezolanos sentenciados en una causa de La Serena. Los antecedentes involucran a una banda que intimidaba a mujeres y cuyos integrantes decían pertenecer al Tren de Aragua.

Una investigación de Interferencia expuso los decretos y sus efectos sobre las penas. Sin embargo, los documentos también obligan a precisar quién firmó cada resolución y qué fechas establecieron.

Los decretos que involucran a Fernando Rabat

Tres de los cuatro condenados obtuvieron reducciones de sus penas. Dos resoluciones llevan la firma de Rabat y otra corresponde al subsecretario Luis Silva, como ministro subrogante.

• Franyorkin Aramburu Hernández: rebaja de nueve meses, mediante un decreto del 6 de julio de 2026.
• Winder Marott Morán: reducción de tres meses, mediante una resolución del 4 de septiembre.
• Jhonder Ollarves Berbesi: rebaja de tres meses, mediante un decreto del 7 de septiembre firmado por Silva.

Marott y Ollarves recuperaron su libertad en septiembre, de acuerdo con la investigación periodística. Sus decretos establecieron el 8 de septiembre de 2026 como nueva fecha de término de condena.

La precisión sobre la fecha de Aramburu

El caso de Aramburu presenta un antecedente distinto. Su resolución redujo en nueve meses una condena cuyo término original correspondía al 8 de diciembre de 2026.

El decreto exento número 2088 consigna expresamente el 8 de marzo de 2026 como nueva fecha de término. El documento lleva fecha del 6 de julio de ese año.

Por lo tanto, no corresponde presentar marzo de 2027 como la fecha establecida en ese decreto. Aun así, la resolución no acredita por sí sola cuándo ocurrió su eventual excarcelación.

Qué respondió Fernando Rabat sobre las expulsiones

Tras conocerse los antecedentes, el ministro abordó el tema el 27 de octubre. Rabat sostuvo que el procedimiento depende del cumplimiento de los requisitos legales.

Además, señaló que, cuando existen órdenes de expulsión para migrantes que accederán a una rebaja, se oficia al Servicio Nacional de Migraciones y a la PDI.

La copia del decreto de Ollarves incluye a ambas instituciones en su distribución. Sin embargo, esa mención no demuestra que una expulsión se haya ejecutado ni permite conocer el estado de su situación migratoria.

Así, permanece pendiente establecer qué órdenes existían para cada condenado y qué actuaciones concretas realizaron las autoridades. La explicación general del ministro no resuelve esos antecedentes individuales.

El vínculo con el Tren de Aragua no se acreditó

Los hechos investigados ocurrieron en diciembre de 2021. La banda intimidaba a mujeres migrantes en La Serena y exigía pagos utilizando el nombre del Tren de Aragua.

En agosto de 2022, el tribunal condenó a los cuatro acusados a cinco años y un día de presidio. La causa comprendía robo con intimidación y delitos relacionados con armas y municiones.

La Fiscalía no acreditó su pertenencia a la organización criminal. Por eso, no corresponde identificarlos como miembros judicialmente establecidos del Tren de Aragua.

El caso añade preguntas sobre las decisiones del Ministerio de Justicia y la coordinación migratoria. Fernando Rabat deberá enfrentar esos cuestionamientos con antecedentes específicos. Cualquier eventual responsabilidad adicional requiere acreditación y respeto a la presunción de inocencia.