Sale a la luz el polémico antecedente de la Subsecretaria de Prevención del Delito que sacude al Gobierno
Revelan antecedentes de subsecretaria que abren cuestionamientos en Seguridad. Su versión busca cerrar la polémica.
Un reportaje periodístico instaló un nuevo foco de tensión para el Ejecutivo, específicamente en el Ministerio de Seguridad. La actual subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quedó en el centro del debate tras conocerse su rol previo como abogada defensora en causas vinculadas a crimen organizado.
La información fue dada a conocer por Meganoticias, medio que detalló actuaciones judiciales de la autoridad antes de su arribo al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Trayectoria previa y vínculos con causas penales
Antes de integrarse al actual gobierno, Quintana se desempeñó como fiscal adjunta en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur hasta el año 2023. Tras dejar el Ministerio Público, inició labores en el ámbito privado como abogada litigante.
En ese contexto, y según el reportaje de Meganoticias, asumió la defensa de dos imputados vinculados a la organización criminal conocida como “Los Emprendedores”, grupo que fue desarticulado por la Policía de Investigaciones (PDI) durante el año pasado.
La banda y el rol de la subsecretaria
La organización delictual estaba asociada a una serie de delitos, entre ellos portonazos, encerronas, extorsión y lavado de activos. Su notoriedad aumentó luego de que entre los detenidos figurara la pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda.
De acuerdo con lo informado, la hoy subsecretaria representó específicamente a dos miembros del denominado Clan Chago, una facción del grupo enfocada en el robo de maquinaria pesada.
Respuesta de la autoridad
Consultada por estos antecedentes, Ana Victoria Quintana aclaró el alcance de su participación en dichas causas, señalando que “fue exclusivamente circunstancial, limitada y de carácter estrictamente excepcional”.
En esa misma línea, explicó que su intervención respondió a un reemplazo puntual: “para solicitar la postergación de una audiencia a la que él no podía asistir”.
Además, enfatizó que no existió continuidad en su rol dentro del proceso judicial, asegurando que “No mantuve ningún otro vínculo, participación o involucramiento con ese juicio, sus partes o sus antecedentes”.
Otro caso: defensa en causa por porte de arma
El reportaje también expuso otra causa en la que Quintana ejerció como defensora. Se trata de un caso de un ciudadano extranjero detenido por porte de arma de fuego, quien finalmente quedó en libertad.
Según los antecedentes, el imputado fue allanado por la PDI en su domicilio y, en medio del operativo, lanzó el arma por una ventana.
La Fiscalía solicitaba una pena de ocho años de cárcel. Sin embargo, la abogada argumentó que el procedimiento policial “adolece de ilegalidad”, acusando vulneraciones a las garantías del detenido.
El tribunal acogió la solicitud de la defensa y decretó la absolución del imputado.
Nuevo frente político
La revelación de estos antecedentes abre un nuevo flanco para el Gobierno en materia de seguridad pública, un área clave dentro de su agenda.
El caso suma presión sobre el Ejecutivo, en medio de un contexto donde la gestión en seguridad sigue siendo uno de los principales focos de evaluación ciudadana.
