Un masivo operativo judicial y policial se lleva a cabo este jueves, luego de que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), ejecutara una serie de allanamientos en el marco de una indagatoria por presuntos delitos de cohecho e irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Allanamientos simultáneos en la Junaeb y el Congreso Nacional

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, las medidas intrusivas de entrada y registro se concentraron en las oficinas centrales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, además de las dependencias del Congreso Nacional y diversos domicilios particulares en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

El objetivo principal de las diligencias autorizadas por la justicia es la incautación de dispositivos electrónicos, tales como teléfonos celulares y computadores, que permitan esclarecer la trama de corrupción. Según consignó La Tercera, las pesquisas apuntan directamente a los despachos de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.).

El origen de la causa y las auditorías en la Junaeb

La investigación penal se originó en mayo pasado, tras un proceso de auditoría impulsado por el Gobierno. En dicha oportunidad, las actuales autoridades del organismo, lideradas por Fernando Peña, denunciaron que la administración anterior —encabezada por la exdirectora Camila Rubio— habría efectuado pagos irregulares a la empresa proveedora Soser por raciones de alimentos que presuntamente nunca fueron entregadas a los estudiantes.

Reacciones y conflictos previos en torno al organismo

Tras las denuncias, la bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó la creación de una comisión investigadora en la Cámara, mientras que la compañía aludida exigió la inhabilidad del actual director para intervenir en procesos de licitación, acusando falta de imparcialidad.

Por su parte, la exdirectora Camila Rubio rechazó tajantemente los cuestionamientos de su sucesor —quien aseguró que la gestión pasada habría ocultado antecedentes a la Contraloría General de la República—, calificando las acusaciones en su contra como “injuriosas”.